La organización Laboratorio de Paz manifestó este viernes su preocupación «ante el aumento de la criminalización, estigmatización y persecución política contra activistas, gremialistas, académicos, personas defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, y voceros y organizaciones de los chavismos disidentes».
«Continuando los patrones sistemáticos de represión agudizados desde el pasado 28 de julio de 2024, los últimos días se han multiplicado acusaciones y señalamientos sin fundamento que presentan a personas, académicos, activistas y líderes sociales de izquierda y/o autodenominados chavistas críticos como “infiltrados” o “agentes de injerencia extranjera” por el solo hecho de ejercer su derecho legítimo a cuestionar actuaciones y políticas públicas, denunciar violaciones de derechos humanos, acompañar comités de víctimas o proponer modelos alternativos de desarrollo y gestión ambiental», subrayó la ONG en un comunicado.
«Reivindicamos el derecho a ser chavistas radicales y/o críticos, así como el derecho de toda persona a identificarse, militar o inspirarse en cualquier corriente política o ideológica sin que ello menoscabe o implique renunciar a la libertad de cuestionar y debatir las decisiones del poder. Ser crítico, hacer contraloría y disentir no es traición: es una forma legítima de participación democrática», enfatizó.
Este es el comunicado completo:
Desde la ONG venezolana Laboratorio de Paz queremos manifestar nuestra profunda preocupación ante el aumento de la criminalización, estigmatización y persecución política contra activistas, gremialistas, académicos, personas defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, y voceros y organizaciones de los chavismos disidentes.
Denunciamos que, en días recientes, se han producido detenciones, ataques, desapariciones forzadas, judicializaciones, así como ataques físicos contra una diversidad de sectores de la sociedad civil venezolana. Continuando los patrones sistemáticos de represión agudizados desde el pasado 28 de julio de 2024, los últimos días se han multiplicado acusaciones y señalamientos sin fundamento que presentan a personas, académicos, activistas y líderes sociales de izquierda y/o autodenominados chavistas críticos como “infiltrados” o “agentes de injerencia extranjera” por el solo hecho de ejercer su derecho legítimo a cuestionar actuaciones y políticas públicas, denunciar violaciones de derechos humanos, acompañar comités de víctimas o proponer modelos alternativos de desarrollo y gestión ambiental.
Recordamos que, conforme a la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela y los estándares y compromisos internacionales de derechos humanos, el Estado venezolano, tiene la obligación de:
- Proteger la libertad de pensamiento, conciencia y expresión (art. 19, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), lo que incluye el derecho a disentir de las políticas gubernamentales.
- Garantizar la libertad de asociación y participación política sin discriminación por razones de opinión, expresión o ideología.
- Abstenerse de promover discursos estigmatizantes que generan odio, deshumanización y persecución contra personas y organizaciones poniendo en riesgo la reputación, integridad física, libertad y la seguridad de las personas señaladas.
Reivindicamos el derecho a ser chavistas radicales y/o críticos, así como el derecho de toda persona a identificarse, militar o inspirarse en cualquier corriente política o ideológica sin que ello menoscabe o implique renunciar a la libertad de cuestionar y debatir las decisiones del poder. Ser crítico, hacer contraloría y disentir no es traición: es una forma legítima de participación democrática.
A su vez, respetar el derecho de toda persona a identificarse como oficialista o chavista implica reconocer su libertad de pensamiento y participación política, sin que ello suponga privilegios, ni menoscabo de los derechos de quienes sostienen otras posturas contrarias.
Defendemos los derechos civiles y políticos de las personas que se identifiquen como “chavistas” como parte de nuestros principios y compromisos con la dignidad y la libertad política de toda la ciudadanía. Ese derecho no otorga ventajas ni resta derechos a nadie: asegura que todas las voces, sin importar su signo, puedan expresarse y participar sin miedo en todos los ámbitos de la vida ciudadana.
Recordamos que según el Estatuto de Roma se entiende la persecución como la privación intencionada y grave de derechos fundamentales en violación del derecho internacional en razón de la identidad de un grupo o colectividad. Por ello, la persecución de un grupo o colectividad por motivos políticos, usando al sistema judicial, policial y mediático de forma coordinada promoviendo discursos de odio, con desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias promovidas desde el Estado constituyen crímenes de Lesa humanidad en el marco de las competencias de la Corte Penal Internacional, quien realiza una investigación sobre Venezuela
Exigimos:
- El cese inmediato de toda campaña de difamación, criminalización y hostigamiento contra sectores de la sociedad civil independiente o de los chavismos disidentes.
- Cese inmediato de todas las acciones constitutivas de crímenes de lesa humanidad, incluyendo la persecución política, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas.
- Liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos o de conciencia sin discriminación, ni exclusión por afinidad ideológica.
- Garantía de integridad física y psicológica de las personas privadas de libertad, activistas, periodistas y defensoras/es de derechos humanos.
- Restitución inmediata de los derechos fundamentales a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política en Venezuela.
