Un informe sobre las muertes reportadas por la organización no gubernamental (ONG) Socorro Jurídico Humanitario acerca de personas encarceladas bajo custodia de agentes de seguridad del Estado desde que en marzo de 2022 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, implementó el régimen de excepción para combatir a las pandillas será entregado a la Corte Penal Internacional (CPI), el tribunal internacional permanente con sede en La Haya (Países Bajos).
Así lo anunció este lunes la abogada Ingrid Escobar, directora de Socorro Jurídico Humanitario (SJH), una organización que brinda asistencia legal gratuita a familiares de personas detenidas supuestamente de forma arbitraria.
En el informe se ofrecen datos de contexto sobre la polémica medida de excepción -considerada por diversas ONG y organismos internacionales como atentatoria contra los derechos humanos-, un listado con los nombres de los más de 430 detenidos fallecidos en diferentes cárceles del país y un análisis de dichas muertes, según detalló Escobar A EFE.
Este documento será el primero en llegar a la CPI sobre este asunto, indicó la abogada, quien espera que otras organizaciones de derechos humanos «aporten más información sobre lo que sucede en El Salvador en el contexto del régimen de excepción».
Con esta iniciativa, SJH informará al tribunal de justicia internacional que se rige por el Estatuto de Roma sobre eventuales delitos cometidos por el Estado salvadoreño durante la implementación de dicho régimen, como «desaparición forzada de cientos de personas, torturas, detenciones arbitrarias y, en general, graves tratos crueles inhumanos y degradantes en el sistema penal de El Salvador».
Socorro Jurídico Humanitario, que trabaja estrechamente con otras ONG como el Center for Exchange and Solidarity y Cristosal, también ha presentado informes sobre el régimen de excepción ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante el Sistema Universal de Derechos Humanos de la ONU, añadió la directora de la organización.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó el pasado 31 de agosto la prórroga número 41 del régimen de excepción, por lo que la medida -que suspende determinadas garantías constitucionales como el derecho a la defensa- estará vigente, al menos, por otros treinta días más.
Bajo este régimen se han registrado más de 87.000 detenciones de supuestos miembros de pandillas o acusados de estar ligados a estas bandas, se han reportado casos de violaciones a derechos humanos -la mayoría por detenciones arbitrarias- y más de 430 muertes en cárceles bajo custodia de agentes del Estado.
Además, recientemente se ha denunciado que el estado de excepción «no solo se ha utilizado para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como una herramienta para silenciar las voces críticas» del Gobierno, según la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
La medida fue aprobada de forma extraordinaria en marzo de 2022, tras un fin de semana con más de ochenta homicidios, y, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido combatir a las maras (bandas criminales organizadas), liberar territorios del dominio pandillero y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado durante años como uno de los más violentos del mundo.
Sin embargo, diversos analistas consideran que la medida se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas y en un mecanismo de «permanente -y no temporal- de control social».
La iniciativa de Socorro Jurídico Humanitario tiene lugar en un ambiente político marcado por la reciente decisión de la Asamblea Legislativa que el pasado 31 de julio aprobó una reforma constitucional que elimina los límites a la reelección presidencial y le permite a Nayib Bukele postularse indefinidamente.
