La diputada del partido opositor salvadoreño VAMOS, Claudia Ortiz, presentó este viernes ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra una reforma que habilita la reelección presidencial indefinida, aprobada y ratificada por el Congreso la semana pasada.
«Hemos presentado una demanda de inconstitucionalidad para que se declare inconstitucional las reformas que se hicieron a la Constitución de la República para autorizar la reelección presidencial indefinida», dijo Ortiz a periodistas.
Afirmó que «el orden constitucional de El Salvador se ha roto» y «merecemos que se restablezca el orden constitucional y que nuestra forma de gobierno proteja los derechos de la ciudadanía de elecciones libres, elecciones justas».
«Este es un momento de luchar, este es el momento de sacar adelante el país y esta es una acción concreta con la que lo estamos haciendo», acotó la legisladora.
La Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó y ratificó, en una sola jornada el pasado 31 de julio, sin un análisis anterior ni debate, la reforma a los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Constitución, con la que el presidente Nayib Bukele tiene la vía libre para optar por un tercer mandato consecutivo.
El presidente Bukele defendió el domingo la iniciativa y señaló que «el 90 % de los países desarrollados permiten» la reelección indefinida.
En febrero de 2024, en el día de las elecciones presidenciales, el mandatario fue preguntado si veía necesaria una reforma constitucional que incluyera la reelección indefinida y respondió: «Creo que no es necesaria la reforma constitucional».
En enero de ese año, afirmó en una conversación de audio de X que no buscaba una «reelección indefinida» y que «solo estoy autorizado para correr por un segundo período».
«Actualmente no existe en El Salvador la reelección indefinida, ni tampoco la estoy buscando, la norma actual no lo permite y tampoco hay la figura de un plebiscito o referéndum para poder modificar eso», señaló el político.
Un grupo de más de veinte organizaciones, entre estas el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y la fundación Robert F. Kennedy Human Rights, manifestaron el pasado lunes que lo que sucede en El Salvador «forma parte de un patrón de fortalecimiento de los autoritarismos» en Centroamérica.
Estas organizaciones se suman a otras, como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW), que se han pronunciado sobre este tema y han expresado su preocupación por lo que consideran un debilitamiento de la democracia en El Salvador.
