Se debe firmar el memorándum de entendimiento y permitir el ingreso de más funcionarios, señaló el coordinador de Provea
Que el gobierno venezolano critique las decisiones de la Administración Trump contra la relatora especial para Palestina, y al mismo tiempo rechace el informe del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, es una postura que el coordinador de Provea, Oscar Murillo, no duda en calificar como incoherente.
«Igual que hay una retórica hacia el exterior por el debido proceso… Hoy figuras del gobierno venezolano están cuestionando las sanciones que impuso Trump a la relatora de Naciones Unidas pata Palestina, muy bien, eso es una afrenta para el derecho universal, pero hay que pedirle al gobierno la tolerancia y una retórica más dialogante cuando estos organismos están calificando la situación de derechos humanos de grave, como lo hizo hace poco el alto comisionado sobre la situación de Venezuela», explicó.
Ante eso «pedimos coherencia, pedimos tolerancia y pedimos el cumplimiento de nuestra Constitución y del debido proceso», demandó Murillo en el contexto de la entrega del Premio Valores Democráticos de la UCAB.
La realidad es que cuando los mecanismos nacionales no funcionan, son los mecanismos internacionales los que actúan. «No puedes cuestionar la imposición de unas sanciones mientras en Venezuela se declara persona non grata, en un acuerdo político que no se ha materializado con el ejecutivo, porque no te gusta un informe, no discutes un informe».
El defensor de derechos humanos precisó que el informe puede ser analizado y rebatido mediante mecanismos de diálogo, pero «lo que hemos visto es un ataque airado, violento, desproporcionado, para desviar la atención del contenido del informe, que no es otra cosa que el agravamiento de la situación de derechos humanos».
Murillo expresó su preocupación porque las recomendaciones del informe de 2024 son las mismas de otros años, lo cual habla «de un incumplimiento del Estado venezolano con las recomendaciones dadas por el Alto Comisionado, pero que forman parte del mandato del Consejo de Derechos Humanos».
Aclaró que la oficina del Alto Comisionado funciona de manera deficitaria, porque desde la expulsión y el posterior acuerdo para que regresara, en el año 2024, «no se firmó un memorándum de entendimiento». Además, el Estado «ha negado las visas para el equipo» y en Venezuela «solo hay una funcionaria», por lo que el equipo funciona en Panamá.
«Nosotros suscribimos esa demanda: que la Oficina funcione cumpliendo cabalmente cumpliendo el mandato del Consejo de Derechos Humanos: que se publique el memorándum, que haya una oficina con un número de funcionarios que se corresponda con la gravedad de la situación de derechos humanos» y que no solo se queden en Caracas sino que puedan recorrer el país, ingresar a las cárceles y visitar a los presos políticos.
«Por eso llamamos a la coherencia y llamamos a la tolerancia. En el país no hay entendimiento, no hay diálogo. Lo que hay es el insulto, la retórica violenta y en el fondo no se están discutiendo los graves problemas que aquejan a los venezolanos, como el salario, las pensiones y hasta el bono vacacional», advirtió con preocupación.
