La amenaza del veto y judicialización emitida por el presidente Javier Milei gravita sobre el Senado argentino, que le propinó el más contundente golpe político desde que entró a la Casa Rosada, al aprobar anteproyectos que él rechaza. El mandatario no demoró en responder y mientras hablaba en una ceremonia por el aniversario 171 de la Bolsa de Buenos Aires, amenazó con vetar todas las medidas, e incluso si perdiera también esos vetos, entonces las va a judicializar. Esas intimidaciones encresparon más los ánimos entre el presidente y el conglomerado de gobernadores, a quienes acusó de querer destruir su gobierno.
La cámara alta convirtió en ley el proyecto que aumenta los haberes jubilatorios en 7,2 por ciento e incrementa el bono de 70 mil pesos a 110 mil, además del proyecto que extiende de la moratoria previsional; también dieron curso a los fondos para personas discapacitadas y rechazaron el veto del ejecutivo a la asistencia de emergencia por el desastre climático en Bahía Blanca.
La norma crea un fondo de 200 mil millones para ayudar a los damnificados y a la reconstrucción de la ciudad bonaerense. La norma fue vetada por Milei, el 24 de junio último, con las firmas además del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
A eso se suma que los senadores dieron media sanción a dos proyectos de ley propulsados por 23 de los 24 gobernadores para que las provincias reciban los fondos de coparticipación que necesitan para llevar adelante obras y otros proyectos que reclaman les pertenecen y que Milei les ha negado.
Esas iniciativas disuelven varios fondos fiduciarios, cuyos recursos el Gobierno no usa para los fines que fueron creados, y establecen mecanismos de reparto con las provincias acorde con la coparticipación federal de los Aportes del Tesoro Nacional, que la Casa Rosada tampoco distribuye, y de una parte importante de lo que se recauda por el impuesto a los combustibles.
Luego del discurso de Milei, los trolls que lo defienden en las redes sociales comenzaron a proferir violentas amenazas y circular memes, que exhortan a bombardear al Congreso con todos los legisladores dentro, lo cual fue impugnado de inmediato ante la Justicia por varios de los congresistas.
