El Partido Comunista de Venezuela emitió un comunicado en el que dejó claro algunos puntos y temas correspondiente al ámbito político y electoral del país.
A través de sus medios digitales, redes sociales y página web, el partido del gallo rojo, reiteró que «los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 continúan ocultos como parte de una maniobra orquestada por la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela».
En ese sentido, el buró político expreso que en «los pasados comicios del 25 de mayo confirmaron un secreto a voces: en Venezuela se vota, pero no se elige».
A continuación el comunicado íntegro
El pasado domingo 8 de junio sesionó el XVI Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), electo en el XVI Congreso Nacional (noviembre de 2022), con el propósito de evaluar el cuadro político nacional y el llamado a elecciones municipales previsto para el próximo 27 de julio. En este encuentro, la máxima instancia de dirección de las y los comunistas venezolanos entre congresos constató el profundo agravamiento de la crisis política, institucional y social que atraviesa el país.
Los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 continúan ocultos como parte de una maniobra orquestada por la cúpula del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en complicidad con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el objetivo de secuestrar la voluntad popular. A esta grave violación del derecho al sufragio se sumó la ilegal toma de posesión de Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, instaurando así un gobierno de facto sostenido sobre la destrucción del Estado de derecho.
Bajo un esquema abiertamente autoritario, Maduro y su camarilla recurren sistemáticamente a la represión para mantenerse en el poder. La persecución, el hostigamiento y el encarcelamiento de trabajadores, estudiantes, activistas sociales, defensores de derechos humanos, dirigentes políticos y periodistas se han convertido en prácticas cotidianas.
A través de procesos judiciales viciados, la élite gobernante pretende convertir en delito la lucha por los derechos políticos y sociales. Bajo esta política de criminalización de la defensa de la Constitución, se encuentran secuestrados el excandidato presidencial respaldado por el PCV, Enrique Márquez; el abogado Eduardo Torres; y otros cientos de venezolanos que enfrentan montajes judiciales sin respeto al debido proceso.
Los pasados comicios del 25 de mayo confirmaron un secreto a voces: en Venezuela se vota, pero no se elige. Las elecciones han sido vaciadas de contenido democrático y convertidas en una simple fachada para otorgar apariencia de legalidad y legitimidad a un Gobierno que carece de ellas. Los mecanismos de participación popular también han sido secuestrados: solo pueden postularse quienes cuenten con el visto bueno del poder. Las fuerzas políticas independientes a los dos bloques burgueses que lideran Nicolás Maduro y María Corina Machado, y que representan una verdadera alternativa para el pueblo, no pueden participar libremente en las contiendas electorales.
La cúpula tiránica del Gobierno-PSUV ha cerrado las vías institucionales para que las y los trabajadores puedan expresar libremente su voluntad política. Por ello, el XVI Pleno del Comité Central del PCV, al verificar las numerosas violaciones al derecho a la participación política en las próximas elecciones municipales, ha decidido abstenerse de participar en esa nueva farsa electoral, convocada de forma apresurada, para continuar remachando la actual hegemonía fraudulenta que lesiona los derechos humanos, sociales y políticos del pueblo venezolano.
El PCV demanda la renuncia inmediata de los rectores del CNE y el nombramiento de nuevas autoridades que permitan restablecer la legalidad y la confianza en el sistema electoral, y convoquen a nuevas elecciones presidenciales con garantías plenas para todos los actores políticos nacionales.
Sobre este aspecto, no es posible hablar de respeto a los derechos políticos mientras los partidos sigan intervenidos judicialmente. Exigimos la anulación de la ilegal sentencia 1.160 del TSJ, que desconoce a la legítima dirección del PCV y entregó nuestros símbolos y tarjeta electoral a un puñado de mercenarios al servicio del PSUV.
Asimismo, demandamos amnistía general para todas las personas detenidas arbitrariamente durante las protestas populares posteriores a las elecciones presidenciales, así como para quienes fueron apresados durante la escalada represiva del último año.
Ante la restricción cada vez más agresiva de las libertades democráticas y la amenaza de intervención de fuerzas extranjeras en la crisis venezolana, es urgente la construcción de espacios para la resistencia popular. La lucha por derrotar al autoritarismo y al injerencismo es una batalla de largo aliento. El PCV insta a las fuerzas políticas y sociales genuinamente democráticas a construir un amplio frente social y político para la restitución y defensa de la Constitución y del Estado de derecho.
