«Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre el 29 y el 30 de julio se celebraron 915 protestas, de las cuales 138 fueron reprimidas de forma violenta», resaltó la organización de derechos humanos
En su informe más reciente, Amnistía Internacional informó que en Venezuela se ha experimentado una situación complicada en materia de derechos humanos, especialmente después de las elecciones presidenciales y la diferencia entre los resultados oficiales y las actas acopiadas por la Plataforma Unitaria.
Estos son cinco datos del documento:
Derecho a la vida: «Entre el 28 de julio y el 1 de agosto, inmediatamente después de las elecciones presidenciales, al menos 24 personas murieron como consecuencia de la represión gubernamental de las protestas contra el nombramiento de Nicolás Maduro. La mayoría de esos homicidios podían constituir ejecución extrajudicial. Dos de las víctimas eran menores de edad. Según informes, también perdió la vida de forma violenta un policía. Todas las muertes, salvo una, se produjeron por heridas de bala. Las organizaciones de derechos humanos las atribuyeron a la Guardia Nacional Bolivariana, la Policía Nacional Bolivariana, el ejército y los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como ‘colectivos'».
Detenciones arbitrarias y juicios injustos: «A partir del anuncio de los resultados de las elecciones presidenciales, las autoridades intensificaron su política de represión, que incluyó casos generalizados de detención arbitraria por motivos políticos, desaparición forzada y tortura. Según las cifras oficiales, desde el 28 de julio se habían practicado más de 2.000 detenciones. Hasta octubre, la ONG Foro Penal había confirmado más de 1.900 de los casos, 129 de los cuales afectaban a menores de edad. Al concluir el año, el gobierno había dejado en libertad a 1.369 personas y detenido a otras 15. Aun así, cientos de personas seguían privadas de libertad de forma arbitraria, entre ellas tres niños».
Estas detenciones masivas «se llevaban a cabo sin orden judicial y sin que las personas afectadas hubieran sido sorprendidas cometiendo actos ilegales. Muchas de las personas detenidas eran sometidas a desaparición forzada durante varios días y obligadas a recibir asistencia letrada de oficio que carecía de independencia. Sus familiares pasaban días sin obtener información sobre su paradero, aun cuando se tratara de menores de edad. Las personas detenidas eran acusadas de delitos genéricos relacionados con el terrorismo y las audiencias las realizaban los tribunales antiterroristas, que carecían de imparcialidad e independencia. En diciembre, aún había 221 mujeres detenidas».
Jesús Armas y Luis Tarbay, activistas del partido político de oposición Vente Venezuela, «fueron detenidos arbitrariamente en la capital, Caracas, el 11 y el 24 de diciembre, respectivamente. Al concluir el año había aproximadamente 160 miembros de Vente Venezuela y 34 de Primero Justicia, otro partido político de oposición, bajo custodia o en situación de desaparición forzada. A partir de abril, seis miembros de Vente Venezuela pidieron asilo en la embajada argentina de Caracas. En agosto, después de que el ejecutivo suspendiera las relaciones diplomáticas con Argentina, el gobierno brasileño se hizo cargo de la protección del recinto. Al concluir el año, Venezuela no había concedido salvoconductos para que las personas asiladas abandonaran el país. Tras las elecciones presidenciales de julio, el gobierno activó una nueva función en su aplicación móvil VenApp que permitía denunciar a quienes lo criticaran. Las denuncias a través de este medio fueron supuestamente el origen de muchas de las detenciones que se practicaron después de protestas relacionadas con las elecciones».
Tortura y malos tratos: «La Misión Internacional Independiente de Investigación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela informó que se habían recibido denuncias de
tortura de personas detenidas antes y después de las elecciones presidenciales. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron el empleo de tortura y otros malos tratos en centros de detención, incluidas palizas, asfixia, descargas eléctricas, amenazas y violencia sexual contra las mujeres. Algunas personas menores de edad detenidas arbitrariamente tras las elecciones fueron torturadas para que se autoincriminaran mediante declaraciones
grabadas en vídeo admitiendo que habían participado en las protestas, según afirmaron
sus familiares. En muchos casos se recluyó a niños y niñas con personas adultas».
Libertad de expresión y de reunión. «A lo largo del año se sucedieron en todo el país protestas en las que se reivindicaban derechos económicos y sociales. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, entre el 29 y el 30 de julio se celebraron 915 protestas, de las cuales 138 fueron reprimidas de forma violenta; se registró la presencia de colectivos atacando y amenazando a manifestantes. En las semanas previas y posteriores a las elecciones presidenciales, las autoridades intensificaron sus críticas a las manifestaciones para generar miedo y reprimir la disidencia».
De acuerdo con AI «se detuvo arbitrariamente al menos a 12 periodistas y continuaron los ataques contra los medios de comunicación independientes. La ONG Espacio Público documentó 507 violaciones del derecho a la libertad de expresión entre enero y septiembre. El gobierno siguió cerrando emisoras de radio y dificultando el acceso a plataformas de redes sociales tales como X (antes Twitter). Según informes, las autoridades seguían atacando, mediante acciones de hackeo y phishing, las cuentas de Instagram de periodistas y particulares».
Derecho a la alimentación: «En diciembre, el costo de la canasta alimentaria para una familia venezolana de cinco miembros equivalía a 498,47 dólares estadounidenses, mientras que el salario mínimo mensual era de 2,36 dólares, con lo que la mayoría de la población sufría
inseguridad alimentaria grave. En febrero, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación visitó Venezuela e informó de que casi el 82% de la población vivía en situación de pobreza y el 53% sufría pobreza extrema, al carecer de ingresos suficientes para adquirir una
canasta básica».
El relator señaló también que, debido a la pobreza, «las familias se veían obligadas a reducir las raciones, saltarse comidas y adquirir alimentos menos nutritivos. Además, afirmó que la pobreza alimentaria afectaba de forma desproporcionada a las mujeres, puesto que solían ser las cuidadoras de sus familias y comunidades al tiempo que trabajaban para obtener un salario; que algunas mujeres recurrían al intercambio de sexo por alimentos, y que las mujeres y niñas embarazadas y en periodo de lactancia corrían especial peligro de desnutrición».
