¿De dónde viene la palabra «salario»? y su protección en la Constitución venezolana

En Venezuela, el salario está amparado por la Constitución de la República Bolivariana, específicamente en el Artículo 91: Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales... / Theodoraskis Morales Flores | @theodoraskis

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El salario es uno de los conceptos más fundamentales en la vida de cualquier trabajador, pero pocas veces se detiene uno a pensar en su origen, su evolución histórica y lo que representa más allá de una cifra monetaria. Desde la Antigua Roma hasta las leyes laborales modernas, el salario ha sido símbolo de intercambio, esfuerzo y dignidad.

Un pago que nació con la sal

El término «salario» proviene del latín salarium, que hace referencia a la sal (sal en latín), un producto de altísimo valor en la antigüedad. En el Imperio Romano, a los soldados se les pagaba una cantidad de dinero para adquirir sal, vital para conservar alimentos y esencial para la vida diaria. Ese pago fue conocido como salarium argentum —literalmente, «dinero para la sal»— y con el tiempo la palabra salario se generalizó como sinónimo de retribución económica por un trabajo realizado.

¿Es lo mismo salario que sueldo?

Aunque en el lenguaje cotidiano se usan como sinónimos, técnicamente hay una diferencia:

  • Salario: Es una remuneración que puede variar dependiendo de las horas trabajadas, producción o tareas realizadas. Es común en trabajos por hora, por jornada o por unidad producida.
  • Sueldo: Se refiere a una cantidad fija y periódica, generalmente mensual, que se paga al trabajador independientemente de la variación en su carga de trabajo, siempre que cumpla su jornada laboral.

Ambos conceptos están regulados por las leyes laborales y, en la práctica, muchos contratos integran los dos: un sueldo base con complementos salariales variables.

La Constitución venezolana y el derecho al salario justo

En Venezuela, el salario está amparado por la Constitución de la República, específicamente en el Artículo 91, que establece:

Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo, no se admitirá ninguna discriminación. La ley establecerá la participación de los trabajadores y trabajadoras en los beneficios de la empresa. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. El Estado velará por la estabilidad económica, el crecimiento del empleo y el salario digno.

Un mandato de justicia social

Para el sociólogo Andrés Rodríguez, este artículo constitucional no solo garantiza el derecho al salario, sino que lo asocia con el concepto de dignidad humana. Esto implica que el salario debe permitir al trabajador acceder a una vida plena, incluyendo no solo alimentos y vivienda, sino también educación, recreación y cultura.

El texto también prohíbe la discriminación salarial y exige igualdad de remuneración por el mismo trabajo, sin importar género, edad, raza o cualquier otro factor. Asimismo, manda a que el salario mínimo sea ajustado anualmente con base en el costo de la canasta básica, una exigencia que ha sido objeto de debates en contextos de inflación o crisis económica, destaca Rodríguez.

En esencia, el artículo 91 convierte el salario en un instrumento de justicia social, colocando al Estado como garante activo de su valor y actualización.

El salario como derecho humano

Rodríguez destaca que «el salario no es solo una cifra en una nómina. Es el reflejo del reconocimiento del trabajo como fuente de riqueza y dignidad», en ese sentido añade que «su historia, marcada por luchas obreras y avances legislativos, sigue siendo una pieza clave del desarrollo social».

«En países como Venezuela, donde el contexto económico puede afectar su poder adquisitivo, el salario adquiere una dimensión aún más sensible, vinculada al bienestar de millones de familias. Protegerlo no es solo una obligación legal, sino un compromiso con la justicia y la equidad» afirma el sociólogo.

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