Aunque el Ejecutivo venezolano anunció un ajuste del ingreso mínimo integral, el sueldo mínimo nacional continúa siendo el más bajo de América Latina, manteniéndose en 130 bolívares desde el año 2022, un monto que, a la fecha, equivale a 1,50 dólares (según el tipo de cambio oficial establecido por el Banco Central de Venezuela para el 30 de abril de 2025). El economista Manuel Sutherland recuerda, en este sentido, que pese a la política de bonificaciones, estos ajustes no tienen incidencias en las prestaciones sociales.
«La situación salarial es de las peores de la historia del país, la más desesperante, la más acuciante», aseveró el director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO) durante una entrevista para Contrapunto.com.
Detalló que el último aumento del sueldo mínimo nacional se anunció el 15 de marzo de 2022, desde entonces, «la inflación acumulada ha sido altísima (…) Estamos hablando que desde abril de 2022 hasta acá, se ha aumentado en 3.130% aproximadamente la base monetaria, ha habido una expansión de la cantidad de dinero muy grande, y también los préstamos del Banco Central a empresas no financieras del Estado, para sufragar ese último aumento».
A raíz de estas decisiones, «se generó una inflación muy grande», por lo que el Gobierno «tomó una política de no aumentar más y congelar los salarios».
Para 2023, el Ejecutivo comenzó a profundizar su política de bonificación salarial, aumentando y estableciendo «de alguna forma, más o menos formal, los bonos de guerra económica, que están complementando el salario».
Sin embargo, Sutherland aclaró que «el salario puro venezolano, que tiene incidencia en las prestaciones sociales, es el salario más bajo del mundo, inferior al de Burundi (uno de los países más pobres a nivel global) que estaba en 1,6 dólares mensuales».
En este sentido, lamentó que «la clase obrera» ha perdido todas sus prestaciones sociales: «Están en una situación de indefensión total y una situación en la cual debe tener dos, tres, cuatro o hasta, cinco trabajos para poder sobrevivir».
¿Veinte años de servicio equivaldría a $30?
La noche de este 30 de abril, el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el ajuste del ingreso mínimo nacional, que contempla el aumento del «bono de guerra» y el ticket de alimentación, pero el sueldo sigue establecido en Bs. 130 o $1,50.
Sutherland explicó que al hacerse un aumento del bono de guerra económica, que «es como una transferencia unilateral que hace el Estado por ser trabajador público, jubilado o pensionado y estar registrado en la página Patria», por su naturaleza de bonificación, estos pagos no tienen alguna incidencia sobre las prestaciones sociales:
«Es decir, si tú tienes 20 años trabajando en una empresa estatal y tienes que jubilarte o te van a liquidar, deberán basarse en el salario que es de $1,50».
Basado en este ejemplo, el pago correspondiente a los 20 años de servicio en el sector público equivaldría a 30 dólares, mientras que «el bono de guerra económica no lo toman en cuenta para vacaciones, prestaciones, ni jubilaciones», aclaró el economista.
¿Y las propuestas de los sindicatos?
A propósito de las propuestas salariales impulsadas por sindicatos como Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras: Alianza Sindical Independiente de Venezuela (Central ASI), que contemplan salarios de $200 y $377, respectivamente, comentó que de acuerdo con cálculos de diversos economistas, el pago de esta nómina podría ser viable.
«Han hecho cálculos y han dicho que, en efecto, el gobierno puede pagarlo. Y yo creo que el gobierno pudiera pagar eso si acomete una reorganización administrativa estructural muy profunda», que contemple «una reducción del gasto militar, del gasto policial, del gasto en represión y una especie de acuerdo para ponerle fin a la crisis política, que partiría por el reconocimiento del 80% adverso el gobierno, según las encuestas y la mayoría de estudios», sostuvo.
Cambio en la política salarial
El economista Manuel Sutherland opina que «la clase obrera tiene que activarse lo más posible para exigir un cambio en la política salarial, monetaria, económica y fiscal, que le permita generar espacios para su supervivencia biológica fundamentalmente. La política actual atenta contra sus capacidades de vida, sus capacidades para simplemente existir».
No obstante, reconoce lo complejo de una mejora en esta materia, tomando en cuenta que «el gobierno políticamente está cerrado a discutir el tema con sindicatos que no sean oficialistas (…) Está cerrado a discusiones que puedan plantear un programa económico de salvación nacional, de salvación total de la economía, que pueda permitir el incremento del salario, y está cerrado a hacer las reformas económicas básicas para que la economía pueda crecer y el salario sea mucho mejor».
