Los grupos armados que operan en la región colombiana del Catatumbo cometieron «graves abusos» contra los habitantes de esa región fronteriza con Venezuela en la reciente disputa entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), denunció este miércoles Human Rights Watch (HRW).
Según el informe “El Catatumbo: Abusos de grupos armados y desprotección estatal”, ambos grupos ejecutaron asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas que obligaron a más de 56.000 personas a huir de sus hogares, “uno de los desplazamientos masivos más grandes de Colombia en décadas».
Esta investigación, que aborda la crisis humanitaria en esa región, documenta abusos generalizados por parte de los dos grupos armados, «que incluyen asesinatos, trabajo forzado y reclutamiento de menores» en la disputa territorial que comenzó en enero pasado con ataques del ELN a la disidencias de las FARC.
El informe recuerda que el Catatumbo «es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas» y añade: «Durante años, el ELN se ha beneficiado de la complicidad de las fuerzas de seguridad venezolanas» en esa región donde, desde 2018, tiene también una creciente presencia el Frente 33 de las disidencias.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, señaló que «Nuestra investigación apunta a que el ELN está cometiendo abusos generalizados contra la población civil en su intento por recuperar el control del Catatumbo».
Degradación del conflicto
Este agravamiento del conflicto comenzó el 16 de enero cuando miembros del ELN perpetraron una serie de asesinatos «de manera prácticamente simultánea» en caseríos de cinco municipios del Catatumbo: Teorama, Convención, Hacarí, Tibú y El Tarra.
Los guerrilleros del ELN «registraron viviendas y lugares de trabajo en busca de personas a las que acusaban de tener vínculos con el Frente 33«, algunas de los cuales fueron asesinadas en el acto y «se llevaron a otras de las que días después se reportó su muerte».
«Entre las víctimas se encontraban líderes sociales, miembros de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat) y excombatientes de las FARC que se habían desmovilizado en virtud del acuerdo de paz de 2016 con el Gobierno», agrega.
El resultado de esa confrontación fue que, según las autoridades de Norte de Santander, departamento al que pertenece el Catatumbo, 78 personas, entre ellas cuatro niños, fueron asesinadas entre el 16 de enero y el 8 de marzo.
Según HRW, «es probable que la cifra real sea aún mayor, pues los grupos armados ‘desaparecieron’ a algunas personas y los familiares de otros enterraron sus cadáveres sin notificar a las autoridades».
«El ELN ha asesinado, secuestrado y desaparecido a civiles a los que acusa de tener vínculos con el Frente 33, un grupo armado que surgió después de la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2017», indica el informe.
Reclutamiento y violencia sexual
Según Goebertus, las víctimas entrevistadas «también detallaron graves abusos cometidos por el Frente 33, incluyendo reclutamiento de niños y trabajos forzados, y una grave desprotección por parte de las autoridades estatales».
Muchas de las personas entrevistadas para la elaboración del informe contaron «que el Frente 33 tiene lo que describen como ‘campamentos de resocialización'» a los que llevan para someterlas a trabajos forzados a personas acusadas de violar sus «normas», como por ejemplo, consumir drogas o apoyar al Ejército.
Funcionarios públicos relataron además casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, «ejercida por los comandantes del grupo armado».
La investigación añade que desde hace años los grupos armados ilegales reclutan niños en el Catatumbo, pero desde noviembre ese problema va «en aumento», según la Defensoría del Pueblo, que lo atribuye a una «estrategia de fortalecimiento y expansión territorial».
Por eso, muchas personas dijeron que se vieron obligadas a dejar su hogar «por miedo a que el ELN o el Frente 33 reclutaran a sus hijos adolescentes».
«Tras el inicio de los enfrentamientos entre los grupos armados, más de 46.900 niños de los municipios del Catatumbo no pudieron asistir al colegio durante semanas, lo que los expuso a un mayor riesgo de reclutamiento. Cientos de profesores también han huido del Catatumbo», agrega el informe.
HRW destaca que en el Catatumbo vive solo el 0,7 % de la población colombiana, pero el número de desplazados de esa región representa el 93 % del total del país en lo que va de este año.
