Si bien es cierto que las sanciones generales financieras han acentuado la magnitud de la crisis económica, también es cierto que para el año 2017, ya Venezuela atravesaba un complejo panorama económico y financiero.
La decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) de poner fin a la llamada “Licencia General 41”, que permitía a la empresa Chevron reanudar y ampliar sus operaciones en el país, podría impactar severamente en la economía, toda vez que un alto porcentaje de las divisas que entran a Venezuela, se originan en la industria petrolera.
Desde la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela – Fedecámaras-, manifestamos nuestra preocupación ante las implicaciones que tal medida traerá para el país, especialmente para las zonas cuya economía depende en su mayoría, de este sector industrial.
Estamos conscientes que este hecho se reflejará en las cifras de expectativas de crecimiento previstas para el presente año y los subsiguientes, toda vez que un importante número de empresas pudieran verse afectadas.
De igual manera, podría incidir negativamente en áreas tan sensibles y vulnerables como la salud y la educación, pudiendo incluso elevar los índices de pobreza, entre otros aspectos, ya que, tras cuatro años consecutivos de crecimiento sostenido, existe la posibilidad de que nuestra economía pueda entrar en recesión.
Hacemos un llamado a evaluar con responsabilidad los efectos de esta medida y a buscar soluciones que eviten mayores distorsiones en el aparato económico, en un momento en el que Venezuela necesita certezas y oportunidades para avanzar.
Es fundamental generar las condiciones necesarias para preservar la estabilidad productiva, atraer inversiones y garantizar el bienestar de la población. En este contexto, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la empresa privada, la generación de empleo y el desarrollo sostenible del país.
