La ONG venezolana Provea pidió este jueves al Gobierno de Nicolás Maduro que permita a la activista Rocío San Miguel, detenida hace casi un año, acceder a médicos de confianza para ser operada “en libertad” de una fractura que -según la organización- sufrió en el hombro derecho.
Por medio de su cuenta en la red social X, la organización no gubernamental indicó que San Miguel “no puede ser sometida a una intervención por quienes demoraron meses en diagnosticarla”, luego de que el abogado de la activista, Juan González Taguaruco, asegurara en diciembre pasado que “fue diagnosticada cuatro meses después” de que sufriera la fractura.
«En reclusión no hay condiciones para el postoperatorio, ni una rehabilitación digna. Ella tiene derecho a médicos de su confianza, no a un sistema que le niega una atención efectiva y oportuna», sostuvo Provea.
A su juicio, la activista -recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, conocida como Helicoide- «no puede ser sometida a cirugía en un centro con antecedentes de tortura y sin garantías para su integridad física».
Provea reafirmó que San Miguel es «inocente» y pidió respeto al debido proceso: «Hoy el Gobierno de Maduro la acusa de ‘terrorismo’ y ‘traición a la Patria’ por su trabajo como defensora frente a su organización Control Ciudadano, donde Rocío documentaba, investigaba e informaba sobre defensa, soberanía nacional y temas militares».
En diciembre pasado, el abogado de San Miguel dijo a EFE que la activista sufrió la fractura al caerse como consecuencia de un mareo producido por una laberintitis, que «no fue debidamente atendida» y, desde entonces -aseguró-, «se quejaba del dolor y era tratada con analgésicos».
«Si la fractura fue diagnosticada cuatro meses después, ¿qué garantías tenemos de una atención médica de calidad y que recibirá los tratamientos posoperatorios y la rehabilitación?», expresó González Taguaruco entonces.
San Miguel fue detenida el 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija, y acusada por la Fiscalía de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra Maduro.
El fiscal general, Tarek William Saab, dijo entonces que la activista «entregó información» sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea y a embajadas de otros tres países, datos que no precisó.
Información de EFE
