Según el último informe, la región enfrenta riesgos de confinamiento, homicidios, secuestros y afectaciones específicas a comunidades indígenas y firmantes de paz
La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el agravamiento de la crisis humanitaria en el Catatumbo, donde 36.139 personas han sido desplazadas debido la crisis desatada por la arremetida militar del ELN contra las disidencias de las extintas Farc y la población civil.
Según el último informe, la región enfrenta riesgos de confinamiento, homicidios, secuestros y afectaciones específicas a comunidades indígenas y firmantes de paz.
El Comité Territorial de Justicia Transicional Ampliado reportó 36.139 personas desplazadas, mientras que en todos los municipios afectados persiste el riesgo de confinamiento.
La Defensoría indicó que, aunque algunas personas han logrado salir en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales, muchas enfrentan graves amenazas, incluidos firmantes de paz, líderes sociales y menores de edad. Entre los casos reportados, sobresale el secuestro del líder social Álvaro Carrascal en Teorama.
Además, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, informó de 80 homicidios, mientras que la Defensoría confirmó 60 de estos en articulación con otras entidades. Hasta el momento, Medicina Legal ha identificado 41 cuerpos, de los cuales 34 ya fueron entregados a sus familias.
Se registraron también seis firmantes de paz asesinados, siete desaparecidos (dos ya liberados) y 102 desplazados. En Ocaña, las personas en proceso de reincorporación han solicitado refugio debido al alto riesgo en la zona.
La comunidad indígena Yukpa, con 631 personas afectadas, ha sido desplazada en San Pablo, Tibú y Cúcuta. El Resguardo Catalaura recibió a varias familias, mientras se entregaron 1,5 toneladas de alimentos en asistencia humanitaria.
Asimismo, se reportaron problemas específicos para niños, niñas y adolescentes en Cúcuta, Ocaña y Tibú, donde las necesidades incluyen alimentos, insumos de higiene y seguridad en albergues.
En Ocaña se han distribuido 25 toneladas de ayuda y en Tibú una tonelada adicional fue enviada por vía aérea. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo subrayó que es prioritario garantizar la seguridad, caracterización de las víctimas y protección a líderes, lideresas, alcaldes y personeros.
La entidad reiteró su llamado a la acción inmediata para estabilizar la crisis y avanzar en soluciones que garanticen la seguridad y dignidad de las comunidades afectadas.
Ante la crisis humanitaria, el Gobierno Nacional ha planteado la posibilidad de crear un corredor humanitario en el Catatumbo para enfrentar las consecuencias de la escalada violenta en la región. La propuesta busca garantizar el acceso de ayuda humanitaria y permitir la identificación de víctimas en las zonas afectadas.
Adicionalmente, se busca reubicar temporalmente a familias desplazadas en viviendas arrendadas, con apoyo logístico y recursos de cooperantes internacionales.
