El director del Foro Penal, Alfredo Romero, denunció este lunes la inexistencia de una lista oficial de los jóvenes que fueron excarcelados el fin de semana en Venezuela.
Así lo dijo en el programa Vladimir a la Carta, conducido por el periodista Vladimir Villegas, en el que informó que esta organización de derechos humanos ha registrado 131 excarcelaciones, pero la cifra del gobierno venezolano se desconoce.
Romero comentó que, aunque no tienen la defensa técnica de esas personas, han venido acompañando a sus familiares en la denuncia de los casos.
Añadió que en Venezuela se está violando el Código Orgánico Procesal Penal al no permitir que, según sus registros, los 1.700 presos políticos postelectorales tengan el derecho a la defensa.
Asimismo, manifestó que las organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Foro Penal, no son las responsables de encarcelar y excarcelar a las personas.
“No somos quienes tenemos la llave de una celda ni el candado para sacar a las personas y abrir las puertas de los penales. Menos aún, hemos tenido la ocasión de conversar con los detenidos, de saber de qué se le imputa y de ir a un tribunal y defenderlos”, manifestó.
Reiteró que lo que sí ha hecho toda la estructura del Foro Penal es acompañar la denuncia, sobre todo de las madres y otros familiares que desde el primer día han estado a las puertas de Tocuyito, Tocorón y Yare III, donde se encuentran quienes han sido calificados de manera arbitraria como terroristas.
Al ser consultado sobre si alguno de los excarcelados fue miembro de mesa en las pasadas elecciones presidenciales, dijo no tener estadística al respecto.
Los presos políticos no pueden ser olvidados
Romero instó a la sociedad venezolana a no olvidarse de los presos políticos, porque ese sería el peor castigo que pueden recibir. “Si no hablas de ese preso político, se queda en una mazmorra y nadie sabe de él”, añadió.
En este sentido, recordó el caso de Javier Tarazona, quien tiene más de tres años preso sin condena, cuando el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal establece que las medidas coercitivas, incluyendo la privativa de libertad y las restricciones, no pueden durar más de tres años.
“Hay personas que, al día de hoy, llevan más de seis años, entre ellos seis paracaidistas del Ejército que están en Ramo Verde, privados de libertad preventivamente, violando el Código Orgánico”, denunció.
