Marino Alvarado: Maduro sabe el costo político nacional e internacional de tener más de 2.400 presos políticos

Texto, fotos y videos: Vanessa Davies

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«En» Venezuela, para noviembre de 2024, se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, y la fiscalía de la Corte Penal sigue investigando», subrayó el defensor de derechos humanos

El defensor de derechos humanos Marino Alvarado afirmó este jueves que el gobierno poco a poco ha reconocido que mantiene en prisión a niños y adolescentes después de las manifestaciones contra los resultados oficiales del 28 de julio.

«Diosdado Cabello ha reconocido que hay niños presos, y estos niños no solamente están presos, algunos han sido torturados y las madres valientemente han denunciado esas torturas», resaltó.

A todas las personas detenidas desde el 28 de julio «se les ha violado abiertamente el derecho a la defensa» y se les aplican políticas carcelarias que llevan a decir «que en Venezuela hay una violación masiva de derechos humanos a las personas detenidas». La gran mayoría de los detenidos «están sufriendo tratos crueles e inhumanos, y esto constituye crimen de lesa humanidad. La Corte Penal Internacional está investigando crímenes de lesa humanidad desde 2014. En Venezuela, «para noviembre de 2024, se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad, y la fiscalía de la Corte Penal sigue investigando».

Recordó que, según la CIDH, en Venezuela «estamos frente a una aplicación de terrorismo de Estado, donde todas las instituciones del sistema de justicia se han confabulado contra las personas».

Al ser consultado sobre los señalamientos del gobierno contra adolescentes detenidos, el defensor de derechos humanos solicitó al fiscal a general a dar información «hasta dónde ha adelantado las investigaciones» sobre lo ocurrido después del 28 de julio, y particularmente, sobre el fallecimiento de siete personas asesinadas en la redoma de San Jacinto, frente a la 42 Brigada de Paracaidistas, porque se tiene información «de disparos realizados desde la brigada contra los manifestantes».

Las denuncias de los familiares acompañadas por organizaciones de derechos humanos «están teniendo efecto», subrayó. «Nicolás Maduro sabe el costo político que significa, a escala nacional e internacional, tener más de 2.400 presos políticos. Eso le resulta insostenible al gobierno».

Alvarado teme que enero sea un mes muy represivo: «Podemos tener un enero muy represivo. Creo que el gobierno necesita poner en libertad a muchos presos, porque posiblemente en enero va a encarcelar. El gobierno, la única forma que puede estar pensando en atender la situación del 10 de enero, donde se desconoció la voluntad popular, es mantener la represión. Podremos entrar en otra crisis muy grave de derechos humanos en el mes de enero».

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