Las fuerzas de seguridad trabajarán «para evitar atentados contra la infraestructura de sectores estratégicos», un delito sancionado con prisión de 7 a 10 años
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso este lunes que militares y policías refuercen la seguridad en las centrales hidroeléctricas más importantes de Ecuador, a fin de salvaguardar la infraestructura energética al avecinarse un nuevo periodo crítico de escasez de generación de electricidad para abastecer la demanda interna.
La disposición se dio después de que el pasado sábado ocurriera un apagón en once de las 24 provincias del país que, según el viceministro de Electricidad, Rafael Quintero, ocurrió por un «error humano» en el complejo del río Paute, un conjunto de tres centrales hidroeléctricas que son una de las principales fuentes de electricidad del país.
«Fue causado por un error humano, estamos haciendo ya las investigaciones pertinentes y en los próximos días publicaremos la información que sea publicable», dijo Quintero el domingo al precisar que esto ocurrió en la subestación Molino, desde la cual se conecta la generación hidroeléctrica de Paute, la segunda hidroeléctrica más importante del país.
Se calcula que cada hora de racionamiento eléctrico provoca en el país pérdidas por unos 12 millones de dólares.
Noboa ordenó este lunes que se efectúe un proceso de capacitación entre las fuerzas del orden y el Ministerio de Energía y Minas para implementar todas las medidas de protección necesarias en el sector eléctrico, que incluyan la operación de las centrales.
Los perfiles profesionales del más alto nivel de las filas policiales y militares, como ingenieros mecánicos, electrónicos y técnicos afines a la rama participarán en este proceso, señaló la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia en un comunicado.
De esa manera, las fuerzas de seguridad trabajarán «para evitar atentados contra la infraestructura de sectores estratégicos», un delito sancionado con prisión de 7 a 10 años, anotó.
A finales de 2023 y a mediados de abril pasado, sendos periodos de sequía dejaron al descubierto los problemas del sector eléctrico de Ecuador, altamente dependiente de la energía hidroeléctrica y del suministro procedente de Colombia, lo que causó apagones y racionamientos de electricidad programados de hasta trece horas de duración en algunos puntos del país.
En el último de estos episodios, Noboa denunció un supuesto sabotaje contra su administración a vísperas de celebrar un referéndum sobre reformas para fortalecer la lucha contra el crimen organizado así como otras de carácter económico.
En su denuncia incluyó a varios funcionarios, incluida la ministra de Energía y Minas, que salió del Gobierno por este episodio, sin que hasta el momento la investigación haya logrado esclarecer dicha imputación.
En ese momento Noboa decretó un estado de excepción para el sector eléctrico «por grave conmoción interna y calidad pública» durante 60 días, que incluyó la movilización de policías y militares para «garantizar la seguridad de las instralaciones críticas de infraestructura energética y prevenir sabotajes, ataques terroristas u otras amenazas que puedan afectar a su funcionamiento».
Desde inicios de año, el gobernante ecuatoriano elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno» y catalogó a las bandas criminales que operan en el país como grupos terroristas, al estar señalados como los causantes de la ola de violencia que hizo que el país tuviese en 2023 la tasa más alta de homicidios de Latinoamérica, con 47,2 por cada 100.000 habitantes.
