El proyecto de acuerdo fue aprobado por mayoría simple con el apoyo de 21 senadores y sin que hubiera votos en contra o abstenciones, de acuerdo con la página web del Senado
El Senado chileno aprobó el martes por la noche un proyecto de resolución que pide al presidente Gabriel Boric elevar al fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) una orden de captura en contra de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, por «graves crímenes que constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad».
«No es posible ignorar el sufrimiento de miles de víctimas por causa de persecuciones de distinta índole ocurridas en la República Bolivariana de Venezuela durante años y en especial por la persecución sufrida por miles de víctimas tras el evento electoral presidencial realizado el 28 de julio del presente año, entre los que se encuentran, grupos, especialmente vulnerables como lo son las niñas y niños, adultos mayores y mujeres«, dice la propuesta.
Presentado por los senadores Felipe Kast, del partido conservador Evolución Política (Evópoli), y Francisco Chahúan, del también conservador Renovación Nacional (RN), el proyecto de acuerdo fue aprobado por mayoría simple con el apoyo de 21 senadores y sin que hubiera votos en contra o abstenciones, de acuerdo con la página web del Senado.
La petición dirigida al izquierdista Boric, que ha calificado de «dictadura» al gobierno que encabeza Maduro y no reconoce la victoria que el Consejo Nacional Electoral ha atribuido al actual presidente en las elecciones presidenciales del 28 de julio, señala que es deber de un Estado con compromisos internacionales el «denunciar y pedir medidas» cuando tiene «frente a sus ojos, crímenes y atrocidades tan brutales como las cometidas en la República Bolivariana de Venezuela».
Por ello, pide al jefe de Estado que «presente una solicitud al fiscal de la Corte Penal Internacional para que se eleve la orden de detención en contra del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro».
Las autoridades de Venezuela son objeto de una investigación desde noviembre de 2021 por parte de la Fiscalía de la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad.
En 2023 la CPI rechazó una apelación del Gobierno venezolano, que alegó que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado no investiga.
En marzo pasado, la Sala de Apelaciones dictó sentencia contra el recurso venezolano, lo que autoriza a la CPI a continuar la investigación.
