Juan González, integrante del equipo legal de Rocío San Miguel aclaró que el procedimiento que se lleva a cabo en la residencia de la activista por los derechos humanos se trata de una «incautación preventiva» ordenada por el tribunal de la causa a solicitud del Ministerio Público.
Más temprano Joel García, también integrante del equipo legal que acompaña el caso, señaló en su cuenta de la red social X que cuerpos de seguridad del Estado entraron a la residencia de la activista por los derechos humanos que se encuentra detenida en el Helicoide.
Explicó González al periodista Jesús «Chuo» Torrealba en su programa de radio, que la «incautación preventiva» tiene como fin asegurar el bien que a juicio del investigador es objeto de la «delincuencia organizada».
En teoría el procedimiento dejaría en manos del Estado el inmueble, sin embargo Juan González indicó que según la información dada por los familiares que se encuentran en el inmueble «la actuación de los funcionarios ha sido comedida y le han permitido permanecer en el inmueble, que es algo atípico en los términos que aplica una medida de esta naturaleza».
En la residencia se encontraba su hija Miranda, quien también fue detenida el día sábado y excarcelada con medidas cautelares de presentación.
A tempranas horas de la tarde el Fiscal General, Tarek William Saab, ofreció una rueda de prensa en la que ratificaba los señalamientos contra Rocío San Miguel y la vinculó con una «trama de conspiración que tenía como objetivo perpetrar un magnicidio contra Nicolás Maduro».
Indicó que en la audiencia, realizada en el Tribunal 2° Contra Terrorismo, a solicitud de los fiscales del Ministerio Público, «fue acordada medida de privación judicial preventiva de libertad en contra de la ciudadana Rocío del Carmen San Miguel Sosa, por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros».
