Sostienen que la administración Maduro y la Plataforma Unitaria están en el deber “promover un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, sin injerencias externas…”
Sostener el compromiso y la palabra empeñada de mantener los espacios diálogo es la exigencia que el Foro Cívico a los actores políticos en función de “avanzar hacia una democracia real, de instituciones que garanticen la protección y el ejercicio de los derechos humanos, así como el bienestar de la población”.
Este espacio autónomo de encuentro, articulación y acción, conformado por personas y organizaciones sociales de distintos campos de la vida nacional, demanda a las partes firmantes del Memorando de Entendimiento de México de 2021 y los acuerdos de octubre de 2023 “cumplir con su compromiso de promover un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, sin injerencias externas, con respeto a la ciudadanía, la autoridad electoral, los actores políticos, la Constitución y las leyes del país; así como el rechazo a toda forma de violencia o coerción en el ejercicio político y a cualquier acción que atente contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela”.
En su comunicado reiteran su rechazo a las inhabilitaciones y reivindican el derecho de todos los venezolanos a “elegir y ser elegido”.
Asimismo, expresan su repudio por “la persecución política, el amedrentamiento, las detenciones arbitrarias, la ausencia de garantías procesales, así como el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que entre otras acciones constituyen claros ejemplos de socavamiento de los derechos civiles y políticos de los venezolanos y de las dinámicas de relacionamiento imperantes en el conflicto”.
Más adelante indican que las denuncias sobre conspiraciones que han realizado personeros del oficialismo “deben ser sustentadas, investigadas a profundidad, presentando, en el marco del Estado de derecho, las evidencias necesarias a la contraparte, tal y como se declaró públicamente, para que sean abordadas de forma conjunta y responsable por los actores en los espacios de negociación política”.
Finalmente señala el comunicado que debe continuar el empeño en conseguir alternativas “creativas, justas y efectivas” que le den respuestas a los problemas apremiantes de los venezolanos.
“Esto requiere un compromiso indeclinable con el proceso de negociación en marcha, el seguimiento y verificación del cumplimiento de los acuerdos, así como deliberar sobre los aspectos profundos del conflicto con el fin de sentar las bases de un Acuerdo Democrático Nacional, que defina reglas claras de convivencia política y nos permita avanzar hacia un futuro compartido”, señala el comunicado.
Aquí el contenido completo del comunicado del Foro Cívico:
Los venezolanos debemos dar la cara al conflicto político con responsabilidad y exigir enérgicamente el cumplimiento de los acuerdos alcanzados entre sus principales actores, así como la continuidad de un diálogo sustantivo, en el cual los problemas se aborden en su complejidad y en el que las distintas demandas, necesidades y perspectivas se pongan sobre la mesa para dar lugar a acuerdos sólidos y útiles para todos.
Lograr una negociación efectiva, en contextos de conflictos políticos, implica sortear un sinnúmero de barreras asociadas, entre otros aspectos, a la cultura política, a la arquitectura institucional, a los prejuicios entre actores políticos y entre éstos y la ciudadanía, así como a la comunicación limitada entre los partidos políticos y entre éstos y los distintos grupos ciudadanos.
La búsqueda de la hegemonía que prevalece en contextos de conflictos políticos no favorece el desarrollo de relaciones de confianza para la construcción de acuerdos y de dinámicas de cooperación de largo plazo, necesarias para avanzar hacia una democracia real, de instituciones que garanticen la protección y el ejercicio de los derechos humanos, así como el bienestar de la población.
Bajo estas premisas, en primer lugar, ratificamos nuestro compromiso indeclinable con la defensa del derecho a elegir y ser elegido, a la vez que rechazamos rotundamente las inhabilitaciones y la persecución política, el amedrentamiento, las detenciones arbitrarias, la ausencia de garantías procesales, así como el Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, que entre otras acciones constituyen claros ejemplos de socavamiento de los derechos civiles y políticos de los venezolanos y de las dinámicas de relacionamiento imperantes en el conflicto, que son la primera barrera para hacer del bienio electoral 2024-2025 una oportunidad para edificar un futuro de vida digna paratodos. Demandamos el cese inmediato de estas acciones judiciales y legislativas.
Las denuncias del oficialismo sobre presuntas conspiraciones deben ser sustentadas, investigadas a profundidad, presentando, en el marco del Estado de derecho, las evidencias necesarias a la contraparte, tal y como se declaró públicamente, para que sean abordadas de forma conjunta y responsable por los actores en los espacios de negociación política.
Exhortamos al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y a la Plataforma Unitaria de Venezuela, en su condición de partes firmantes tanto del Memorando de Entendimiento – suscrito el 13 de agosto de 2021, en la ciudad de México, donde se acordó llevar a cabo un proceso de diálogo y negociación integral e incremental basados en una agenda, formato y pautas acordadas por ambas partes, que incluía como agenda los siguientes puntos: Derechos políticos para todos; Garantías electorales para todos. Cronograma electoral para elecciones observables; Levantamiento de las sanciones. Restauración de derecho a activos; Respeto al Estado Constitucional de Derecho; Convivencia política y social. Renuncia a la violencia. Reparación de las víctimas de la violencia; Protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano; Garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado – como del Acuerdo parcial sobre la promoción de derechos políticos y garantías electorales para todos, firmado el pasado 17 de octubre, cumplir con su compromiso de promover un discurso público y un clima político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico y participativo, sin injerencias externas, con respeto a la ciudadanía, la autoridad electoral, los actores políticos, la Constitución y las leyes del país; así como el rechazo a toda forma de violencia o coerción en el ejercicio político y a cualquier acción que atente contra la soberanía, la paz y la integridad territorial de Venezuela.
