La situación de trabajadoras y trabajadores activos y jubilados sigue alimentando las manifestaciones
Rodney Álvarez, sindicalista que pasó 11 años en prisión por un crimen que la justicia concluyó que no cometió, cayó de rodillas a las puertas de la Defensoría del Pueblo, el pasado miércoles 4 de octubre. Rezó, acompañado por otros tres trabajadores, para pedir que la justicia divina se activara ante la injusticia terrenal. «Hemos agotado lo habido y por haber», sentenció. Y después se encadenó en la entrada.
Ese día ya se encontraba en el país la delegación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que participaría en el cuarto Foro de Diálogo Social, o espacio tripartito, que se celebraría en Valencia. De hecho, Álvarez pudo conversar con algunos integrantes de esa delegación y plantearles su solicitud de reenganche en Ferrominera del Orinoco (una de las empresas básicas de Guayana).
Extraoficialmente se supo que, por divergencias entre el gobierno y el organismo internacional, fue suspendido el cuarto foro programado para los días 5 y 6 de octubre. Si las oraciones de Álvarez llegaron al cielo solo dios lo sabe. Lo que si está claro es que la conflictividad laboral continúa con o sin OIT. Tanto así, que el encuentro se realizaría en un contexto de protestas como la de un grupo de jubilados de Pdvsa en huelga de hambre en la UCV.
«Lamentablemente el foro es solo un diálogo social en el que el gobierno invierte una plata para lavarse la cara ante el mundo», afirma Deyanira Romero, secretaria del Sindicato de Trabajadores de la UCV (Sinatraucv). En lo práctico no hay decreto de aumento salarial pero sí hay exigencias: «No puede ser que se le pide al empleado público que acuda a trabajar si el salario no alcanza para un día de trabajo; salir a la calle es pasaje, comer».
Trabajadoras y trabajadores públicos no gozan de seguridad social. Ya no tienen ni contratos colectivos que los amparen. «El gobierno los ofrece como mano de obra barata para que vengan a invertir», critica Romero.
Las instituciones tampoco resuelven los problemas. Rodney Álvarez, por ejemplo, ha reclamado en la empresa, en la inspectoría del trabajo, y no hay respuesta favorable. «¿Hasta cuándo debo esperar yo para que se haga justicia y se reconozca el daño que se me ha ocasionado?». interroga. Solicita que lo regresen a su empleo, en el Cerro Bolívar. Mientras alguien contesta, vive de las ayudas. «También tengo que ‘matar tigritos’, pero esos no parecen ‘tigritos’ sino gaticos. Las personas que necesitan servicios básicos, como el arreglo de un grifo o de un tomacorriente, no tienen cómo pagarlos», explica.
El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 5.141 protestas entre enero y agosto de este año; 277 estaban ligadas a la exigencia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. «Nuevamente los trabajadores lideran las acciones ciudadanas
exigiendo salarios dignos, respeto a la libertad sindical y libertad plena para los seis sindicalistas y líderes sociales condenados a 16 años de prisión por participar en manifestaciones pacíficas en rechazo al instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre)», expone el informe.
De haber diálogo, con facilitación internacional o no, Romero considera que se deben abordar temas con los trabajadores presos, la discusión de los contratos colectivos «con lo representantes legales», las condiciones sociales de trabajo. A la OIT «le decimos que tome las decisiones que deba tomar», sin perder de vista que en Venezuela «hay un paquete contra los trabajadores», apunta Eduardo Sánchez, presidente de Sinatraucv.
Por eso los trabajadores y los jubilados «están en las calles permanentemente» ya que el gobierno «no da posibilidad de cambio de esta situación», refiere Marino Alvarado, directivo de la organización de derechos humanos Provea. «No va a haber paz laboral en el país mientras haya salarios de miseria y mientras sigan pulverizados los beneficios de los trabajadores».
