Muchas de las mujeres quienes deciden abortar, pertenecen a estratos sociales bajos por lo que este derecho debe ser seguro, libre y gratuito
La ONG Provea y activistas venezolanas se han venido pronunciando en favor de la legalización del aborto en Venezuela y la eliminación de cuatro artículos del Código Penal en los que se establece penas de prisión para mujeres quienes se practiquen abortos.
Recientemente, se han llevado a cabo protestas en las que una cantidad de activistas exigen la interrupción legal del embarazo gratuita, segura y legal, así como la Despenalización y Legalización de la práctica.
«Ni presa por abortar ni muerta por intentar», «Ser madre es una decisión, no una imposición» y «Fuera la religión de nuestros ovarios», se pronunciaron muchas de las mujeres que protestaron recientemente frente a la sede de la Asamblea Nacional, (AN).
Para muchas defensoras de la despenalización del aborto, ésta práctica es un derecho que se debe conceder puesto que forma parte de los derechos humanos.
«Es una necesidad, es parte de nuestros derechos humanos», señaló la psicóloga Bolívar Pérez, miembro de una organización que trabaja con sobrevivientes de violencia de género, quien aseguró que, en Venezuela, el aborto «es ilegal incluso en casos de abuso sexual».
La psicóloga señaló que muchas de las mujeres quienes deciden abortar, pertenecen a estratos sociales bajos, por lo que este derecho debe ser libre y gratuito sobre todo en adolescentes que están iniciando una vida sexual.
La activista y abogada Richelle Briceño, también se pronunció en relación a la ilegalidad del aborto en el país, «aunque sea ilegal, no significa que éste no se practique», desatcó. Según su opinión, se pone en riesgo la vida de las mujeres que deben practicárselo de forma clandestina.
«Venezuela es un país donde la tasa de embarazo precoz es la primera en toda Sudamérica, y esto no es más que el producto de un Estado que ha olvidado sus obligaciones en cuanto a educación sexual y reproductiva», agregó Briceño.
El colectivo feminista ha propuesto la eliminación de cuatro artículos del Código Penal en los que se contempla penas de prisión para las mujeres que se practiquen un aborto, y penas para quienes se los practiquen.
