Todas las letras que forman la frase «libertad sindical» estuvieron presentes este viernes 11 de agosto en Parque Carabobo, frente al Ministerio Público. Dirigentes e integrantes de la Central Sindical ASI, liderados por su presidenta, Leida Marcela León, realizaron un piquete de protesta para rechazar la condena a 16 años de cárcel de seis trabajadores.
«Debe hacer justicia el TSJ, el fiscal genera de la República, los tribunales superiores y revertir esa sentencia injusta e indigna» que además «pone en alerta al movimiento sindical venezolano», subrayó León.
«Tenemos pruebas de que no hay razón para que sean condenados», sostuvo la dirigente. Incluso, la sentencia no ha sido publicada. La presidenta de la Central ASI también demandó la libertad de otros trabajadores encarcelados, como Javier Tarazona, Robert Franco y dos dirigentes de Sidor.
Tanto León como Argelia Castillo, secretaria de Apufat-UCV, consignaron un documento en el cual piden «la revisión y anulación de la acusación fiscal y de la sentencia», por considerar que «marca un nuevo hito negativo en la aplicación de justicia y garantía de los derechos humanos en Venezuela».
Yorvelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, aseveró que el Ministerio Público debe anular la sentencia contra los seis trabajadores. En el juicio no hubo pruebas que comprobaran supuestos actos contra el Estado venezolano, recordó. Oropeza advirtió que, con el dictamen, están condenando a la tristeza y al hambre a seis familias.
En la protesta participaron Pedro Eusse, secretario general de la central sindical CUTV, e integrantes del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. «Estamos todos preparando las apelaciones que corresponden a estos casos, y lo que debería suceder, si funcionara el estado de derecho en Venezuela, es que sean respondidas con lugar y que se libere de manera absoluta a los trabajadores víctimas de esta situación», subrayó.
Los trabajadores presos por luchar «no se les comprobó ningún delito», resaltó Pedro García, presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados de la Región Capital, y por eso el Ministerio Público debe actuar. «No podemos permitir que el gobierno nacional siga encarcelando a trabajadores inocentes, mientras los corruptos, los que se roban 23 mil millones de dólares o más».
Castillo llamó a los trabajadores a mantenerse en la calle en protesta pacífica para defender la Constitución.
Los trabajadores venezolanos están expuestos todos los días a la vulneración de sus derechos humanos porque se está violando la Constitución, criticó Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas.
A la salida del Ministerio Público Leida Marcela León detalló que les dijeron que regresen en 15 días. «Cumplimos con el canal regular» de informar «que nuestros hermanos son trabajadores, dirigentes sindicales, y que esa sentencia debe ser anulada».
