«Agotados acá los intentos de solución con los organismos del Estado venezolano, queda acudir a la Corte Penal Internacional. Son temas que estamos evaluando», explicó Pedro Eusse, secretario general de la CUTV
A los nombres de los trabajadores presos o con alguna medida judicial en Venezuela se sumaron, el pasado 11 de junio, los sidoristas Daniel Romero y Leonardo Azócar. Ambos fueron detenidos por funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), y posteriormente trasladados a Caracas. El pasado fin de semana sus allegados no pudieron visitarlos porque ambos estaban «en periodo de adaptación», denunciaron.
Este jueves la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela (CUTV) y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora protestaron ante el Ministerio Público, en Caracas, para exigir que este organismo los proteja. Pedro Eusse, secretario de la CUTV, responsabilizó al poder judicial, «que está sirviendo para esta tramoya» y afirmó que, hasta ahora, el MP no ha garantizado el debido proceso.
Romero y Azócar «están presos por ejercer funciones sindicales, por estar defendiendo a sus afiliados en la planta de pellas en Sidor». A los trabajadores se les prohíbe protestar, criticó. «Se ha convertido en un delito el derecho a la protesta y la actividad sindical en Venezuela. Es una cuestión sumamente grave».
Las circunstancias están obligando a las organizaciones a llevar la denuncia a otras instancias. «Desde la CUTV y otras organizaciones estamos agotando estas instancias. Todo indica que no tenemos otra alternativa sino acudir a organismos internacionales. Hemos sido muy cuidadosos en eso, pero no hay más remedio. Ya hemos remitido a la Federación Sindical Mundial la necesidad de una campaña de solidaridad con estos trabajadores, y también una campaña mundial para que cesen las prácticas de criminalización de las luchas laborales en Venezuela; hecho repudiable siempre, peor sobre todo cuando hay un gobierno que dice que es obrerista y socialista y demuestra día a día que es todo lo contrario», detalló Eusse.
Para la CUTV y el Fnlct es clave que se garanticen los derechos de ambos trabajadores, que puedan «ser vistos y ser atendidos». También, que se deje sin efecto la medida cautelar que les impide protestar «y que ha llevado que se persiga a los trabajadores sidoristas».
Los familiares ya han llevado los casos al alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. «Nosotros vamos a acudir a esa instancia también, para darles fuerza a esas denuncias. Agotados acá los intentos de solución con los organismos del Estado venezolano, queda acudir a la Corte Penal Internacional. Son temas que estamos evaluando».
