En enero de 2023, el fiscal general del país abrió una investigación preliminar por homicidio y lesiones graves contra la actual presidenta y otros ministros funcionarios actuales y anteriores
La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado este miércoles que tanto la Policía como el Ejército de Perú han llevado a cabo muertes «arbitrarias y extrajudiciales», además de cometer otros abusos contra manifestantes y transeúntes durante las protestas que abarcaron desde diciembre de 2022 hasta febrero de 2023.
Perú ha experimentado un retroceso en sus instituciones democráticas recientemente, especialmente después de que el expresidente Pedro Castillo, investigado por corrupción, intentase dar un golpe de Estado que falló y propició la llegada de Dina Boluarte a la presidencia.
Cientos de miles de personas tomaron las calles pidiendo un adelanto de elecciones y, aunque la mayoría fueron protestas pacíficas, se produjeron altercados violentos, según la organización.
El informe de HRW ha documentado la muerte de 49 manifestantes, incluidos ocho niños, debido a la «excesiva» respuesta de las Fuerzas de Seguridad.
Al menos 39 personas murieron por heridas de armas de fuego, y unas 1.300 fueron heridas, incluidos cientos de policías, y uno de ellos murió en «extrañas circunstancias».
«La administración de Boluarte pareció mirar hacia otro lado durante semanas mientras las fuerzas de seguridad mataban a manifestantes y transeúntes. Hubo graves actos de violencia por parte de los manifestantes, que deben ser investigados, pero eso no justifica la respuesta brutal, indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad», ha declarado el director asociado para las Américas de HRW, César Muñoz.
En enero de 2023, el fiscal general del país abrió una investigación preliminar por homicidio y lesiones graves contra la actual presidenta y otros ministros funcionarios actuales y anteriores.
Sin embargo, desde el Gobierno han intentado «minimizar» o «excusar» los abusos, y aún no han abierto ninguna investigación al respecto.
En la actualidad, algunos miembros del Congreso están intentando combatir el poder de Boluarte, a la que ya le han surgido denuncias por corrupción.
«La comunidad internacional debe ser mucho más vocal y consistente al denunciar las violaciones de los Derechos Humanos y las amenazas a los sistemas democráticos en Perú, presionar para que se rindan cuentas y ayudar a crear las condiciones para un diálogo genuino que tenga en cuenta las preocupaciones legítimas de los peruanos», ha finalizado Muñoz.
