La ONG presentó su informe anual sobre la situación de Venezuela y denunció que las fuerzas de seguridad continúan realizando torturas en las detenciones, en un país donde opera una red ciudadana de espías
“En Venezuela los crímenes no han parado sino que continúan de forma silente ante la opinión pública internacional, que aparentemente cree que Nicolás Maduro ha cambiado y ahora es más amable”, apuntó la abogada venezolana disidente Tamara Sujú, directora ejecutiva del Instituto Casla de Praga, una plataforma para los estudios de América Latina en la República Checa.
El informe fue presentado en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) de Washington y en él se documentan, entre enero de 2022 y enero de 2023, los testimonios de 19 personas que sufrieron distintos tipos de tortura “en el marco de la represión sistemática que las autoridades del Estado venezolano ejecutan por motivos políticos”.
Sujú llamó a la comunidad internacional a no creer “en el juego de que Venezuela se arregló” y a la Corte Penal Internacional a que autorice que el fiscal continúe con la investigación a la dictadura de Maduro por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, al menos, desde 2014.
“Que realice los actos y las acciones necesarias para detener los crímenes en Venezuela. Que emita las órdenes de detención o de comparecencia necesarias”, manifestó la abogada, quien aseguró que Maduro “se burla de las sanciones” impuestas por Estados Unidos.
Todo ello en Venezuela, un país donde el 81,5% de la población no tiene para cubrir la canasta básica y donde el 53,3% vive en la pobreza extrema, recuerda el informe.
Denuncias de orden ecológico
El informe denuncia también «la indiscriminada destrucción de las tierras ancestrales de los estados Bolívar y Amazonas, uno de los pulmones más grandes del mundo, ricas tierras mineras en los que hay una presencia activa de oficiales o funcionarios rusos e iraníes, con el propósito de “lucrarse de las riquezas aprovechando la apertura que el régimen les ha dado sin control”.
Para finalizar el informe denuncia que en las zonas mineras “el Estado ha logrado desplazar a los pequeños mineros y pueblos indígenas para controlar a su antojo la producción y distribución, y ha entregado el tema de la seguridad al DGCIM y las Fuerzas Armadas, además de grupos guerrilleros como las FARC y el ELN”.
