«A principios de año Maduro dijo que iba a llevar el salario mínimo a 300 dólares en diciembre. Falta un mes y no llega a tres dólares», subraya el defensor de derechos humanos e integrante del grupo fundador de Provea
Que un defensor de derechos humanos como Raúl Cubas diga que la libertad sindical en Venezuela «está entre la represión y las balas» debería ser motivo de preocupación para quienes ejercen el poder. Cubas, integrante del equipo que fundó -hace 34 años- el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), considera que ser dirigente sindical venezolano es un oficio riesgoso.
«150 dirigentes sindicales, desde el año 1999, han sido procesados; otros, detenidos, como Rubén González o Rodney Álvarez. Hay una cantidad que sigue bajo régimen de presentación judicial, con restricciones para moverse en el país», explicó Cubas en conversación con contrapunto.com en el contexto del foro Situación laboral en Venezuela, realizado este viernes en la UCV y moderado por el abogado Eduardo Torres. «El ejercicio de la libertad sindical es un derecho prácticamente inexistente en Venezuela, y no solo lo dicen Provea o las organizaciones sindicales, sino también la Comisión de Encuestas de la OIT que ha venido reuniéndose con el gobierno».
-¿Por qué esta persecución?
-En mi opinión, en opinión de Provea, responde a la manera de entender no solo el movimiento sindical sino el conjunto de las organizaciones sociales del país. No entienden el concepto de autonomía e independencia de las organizaciones: de tener su propia ideología, su propia opción de trabajo. Su deber es controlar el gobierno y las políticas públicas, hacer las críticas y presentar soluciones. Eso no lo entienden, tiene una mirada única, ellos son los únicos actores, o sus aliados y las personas que los apoyan. Por eso la situación de hoy.
Sostiene que este gobierno «ha implantado un capitalismo de Estado salvaje, con muchas medidas neoliberales. El socialismo fue un discurso que nunca tuvo aplicación en la práctica». A quienes le dicen que es muy radical les responde: «Dame un ejemplo, en América Latina, de un país que en 10 años haya destruido los salarios como en Venezuela, las pensiones, el desempleo».
-¿La acción de la OIT ha servido para algo?
-Hasta ahora la acción de la OIT ha dado pocos resultados. Vinieron en abril, hubo un acuerdo con el gobierno, de ese acuerdo no se ha cumplido prácticamente nada. Inclusive, lo más sentido que promovió la comisión de la OIT fue solicitar la libertad de los dirigentes sindicales presos, el fin de los procesos, y hace tres meses detuvieron a seis dirigentes. Incluso, algunos vinculados con la UCV. Cuando la OIT hizo la última visita hay que señalarle como crítica que no se reunió con el conjunto de las centrales sindicales, sino con las que están de acuerdo con la posición del gobierno. Ese es un hecho lamentable.
-Si no hay libertad sindical, y el salario está por el piso, ¿qué salida hay?
-Desde 1999 han sido procesados 150 dirigentes sindicales. Pero también hubo 545 dirigentes o activistas sindicales muertos en toda esa etapa de paralelismo sindical. Ahí están las balas. La represión está en los presos y en la negación a discutir contratos colectivos dignos.
-¿Cuántos están pendientes?
-No tengo esa cifra, porque hay otro problema vinculado: la opacidad de información. La memoria y cuenta del Ministerio del Trabajo, que tú revisabas, hoy es inexistente. Es tanto el nivel de opacidad que el gobierno se atrevió a presentar el presupuesto del año que viene a la Asamblea Nacional sin cifras. Solo la mención del proyecto.
-¿Qué hacer?
-Eso depende de nosotros. Del pueblo organizado. De ahí tiene que venir la presión y la solución. Yo estoy aquí porque, como lo hicimos en la década de 1990 apoyando al comité de defensa de las prestaciones sociales, estos últimos meses de activación de muchos sectores sindicales, de profesores en contra del instructivo de la Onapre y por las condiciones salariales es un halo de esperanza. Hay un sector que se está moviendo, que no se había movido en todos estos años, y hay que apostar y poner esfuerzos en esta propuesta.
-¿Es un problema de leyes?
-No. Es un problema de voluntad política. Tienen una posición tomada. A principios de año Maduro dijo que iba a llevar el salario mínimo a 300 dólares en diciembre. Falta un mes y no llega a tres dólares.
