«Quienes solicitaron justicia fueron agraviados con una multa. Nosotros vamos a entregar una comunicación, dirigida a la presidenta del TSJ, en la que se le recuerda que la justicia tiene formalismos y tiene principios. Ellos se han afincado en los formalismos y no en los principios», subrayó
Sin ánimo de ser «ave de mal agüero» el profesor José Gregorio Afonso, docente de la Universidad Central de Venezuela y directivo de la Asociación de Profesores de la UCV (Apucv), alerta que las medidas laborales implementadas en Venezuela anuncian tiempos de más conflicto.
Este miércoles el dirigente gremial invitó a la protesta que trabajadores públicos realizarán en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y subrayó que la máxima instancia del Poder Judicial tiene en sus manos la posibilidad de evitar males mayores si se pronuncia sobre el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
Afonso considera que los multados por el TSJ deben ser objeto de un desagravio, que debe ser un acto público, masivo, en las calles de todo el país. «Quienes solicitaron justicia fueron agraviados con una multa. Nosotros vamos a entregar una comunicación, dirigida a la presidenta del TSJ, en la que se le recuerda que la justicia tiene formalismos y tiene principios. Ellos se han afincado en los formalismos y no en los principios. En consecuencia, dejamos testimonio, un testimonio para el país y para el mundo, de que no está actuando con base en los principios de mantener el equilibrio de poderes; colocar el principio del más débil como una razón del ejercicio de la justicia, sobre todo la de orden laboral».
El desagravio es una manifestación «de que estamos con quienes han demandado justicia ahora, antes y después. Y, como todos los actos de desagravio, es simbólico».
Sin embargo, «como creemos que la responsabilidad es del Estado, estamos acudiendo a un Poder Público, que es la justicia, y también nos planteamos ir a otros poderes públicos a los que todavía no hemos ido».
-¿Cuáles?
-La Asamblea. El Poder Legislativo. Eso está planteando para movilizarnos. Y va a ir radicalizándose el conflicto, porque estamos en una situación en la que nos estamos acercando a febrero (de 2022). Es decir, si continuamos en este ritmo vamos a volver a salarios, en el sector universitario, de cuatro a 11 dólares. Ya fueron disminuidos, por la devaluación, en un 89%, además de lo que hizo el instructivo de la Onapre. Por eso vamos al TSJ para que quede testimonio de eso. No es un tema de formalidad, porque los hechos formales ya están y tienen que responder.
Afonso recuerda que hay un recurso contra el instructivo de la Onapre en la Sala Constitucional del TSJ, y por eso insisten en que haya un pronunciamiento de esta instancia.
«Tiene el Tribunal una buena oportunidad para legitimarse, y eso es lo que le hace falta al país: que se reinstitucionalicen cada uno de los poderes. Pero es con sus actuaciones que adquiere legitimidad, no con un decreto».
-¿Y si no los dejan pasar al TSJ?
-Nosotros hace rato que no caemos en las provocaciones de la violencia. Nosotros vamos a entregar una comunicación y a hacer una exigencia: no nos vamos a sentar en los curules de los magistrados. Nosotros vamos y alguien tiene que recibirnos. Vamos a entregar una comunicación dirigida a la presidencia del TSJ, que es una comunicación que manifiesta elementos doctrinarios, principistas en relación con quien debe servir la justicia, cómo debe ser administrada. Y también, la demanda de celeridad, que es una demanda pública: «Pronúnciate, porque la justicia que no es oportuna no es justa».
-¿Es lo que está ocurriendo?
-Es lo que está ocurriendo con la Sala Constitucional. La Sala Político-Administrativa ya se pronunció de manera injusta en el fondo de lo que señaló. Pero la Sala Constitucional… si se resuelve un tema jurídico, salva vidas; si se demora de manera inconveniente, la gente morirá. Para eso hay medidas cautelares, de amparo: Para que no se haga daño. Bueno, ellos lo han seguido continuando. Si hay algo importante para este país es restituir la Constitución, pero no por un formalismo. Esa Constitución nos la dimos los venezolanos producto de reclamos durante casi dos décadas; una Constitución para que este país fuera mejor, garantista en materia de derechos humanos. Nosotros demandamos que se restituya, porque ahí está un proyecto de país, un proyecto orientado a que la gente pueda vivir dignamente.
-¿Han recibido respuesta del Ministerio Público a lo que hicieron la semana pasada?
-No. No hemos recibido respuesta del Ministerio Público. Nosotros tampoco somos Ipostel. No tenemos vocación de estar llevando comunicaciones a todos lados. Nosotros estamos exigiéndoles a los poderes públicos que cumplan con su trabajo. Si ellos no le dan la vía institucional lo que van a profundizar es el conflicto de calle que también recae en un poder: el de los ciudadanos ejerciendo de manera soberana el derecho a manifestar. Nosotros queremos que el poder público actúe, porque ya hay suficiente crisis en este país, ya hay suficientes problemas. Y hay recursos suficientes. Ayer dijeron que estaban por 750 mil barriles diarios de petróleo; en enero del año pasado estaban en 350 mil. Tienen el doble.
