Una veintena de mujeres cubiertas de sangre falsa se manifestaron frente a la sede en Londres de YouTube, a quien acusan de contribuir al dramático aumento de los apuñalamientos al albergar vídeos violentos en su plataforma
«Estamos aquí para mostrar a YouTube que tiene sangre en las manos», dijo a la AFP Elaine Donnellon, de 43 años, cofundadora del movimiento Operation Shutdown, que reúne a personas que perdieron a familiares o amigos en la ola de ataques con arma blanca que sacude Reino Unido.
Denunciaban los vídeos difundidos en YouTube y realizados con música drill, una corriente del hip hop muy popular entre los jóvenes londinenses pero criticada por sus letras violentas y su imaginario guerrero.
Con estos vídeos, «YouTube favorece la promoción y la glorificación de armas ilegales como las pistolas, las navajas, los machetes» y difunde «amenazas de utilizarlas para mutilar, torturar o matar», denunció Operation Shutdown.
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Lucy Martindale, una manifestante de 29 años que dice haber crecido «rodeada de bandas» en Brixton, al sur de Londres, y ha perdido a «más de diez familiares y amigos», asegura que YouTube es utilizada para comunicar por bandas rivales.
Según la Oficina de Estadísiticas Nacionales (ONS), 285 personas murieron por ataques de arma blanca entre abril de 2017 y marzo de 2018 en Inglaterra y Gales, un triste récord desde el inicio de la publicación de estas cifras en 1946. Una cuarta parte eran hombres de entre 18 y 24 años.
Otra manifestante, Sara Hutchings, de 53 años y originaria de Fulham, también en el sur de Londres, perdió a un primo de 36 años que fue apuñalado «cuatro veces en la espalda» y «una vez en el cuello».
Según explica, estos videos establecen incluso «un sistema de puntos»: dos puntos por apuñalar a alguien y dejarle una cicatriz, diez por un asesinato.
Un portavoz de YouTube reaccionó a estas acusaciones asegurando que la plataforma «desarrolló políticas específicas destinadas a ayudar a la lucha contra los vídeos sobre los crímenes cometidos con navajas en Reino Unido».
Estas incluyen «un proceso específico para que la policía y los servicios penitencias señalen los vídeos directamente a nuestros equipos» para identificar las «amenazas reales» de los contenidos ligados a bandas callejeras, afirmó.
