Fundaredes alertó sobre las «constantes violaciones a los derechos humanos» que tienen lugar en el Arco Minero del Orinoco, ubicado en los estados Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas y que afectan, principalmente, a las comunidades indígenas asentadas en la zona
«El AMO se ha convertido en una tierra empañada por la violencia, donde las comunidades indígenas han sido desplazadas de sus territorios ancestrales, viviendo actividades delictivas dirigidas por grupos que se aprovechan de su condición, vulnerando así los derechos que les corresponde como comunidad indígena», reseñó la organización en una nota de prensa.
Fundaredes explicó que, la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, creada bajo decreto número 2.248, en febrero de 2016, cuenta con un total de 36 áreas protegidas, con riquezas minerales como cobre, oro, diamantes, hierro, coltán y bauxita, y en donde residen diversos pueblos que representan el 2,8 % de la población indígena del país.
«A lo largo del AMO residen diversos pueblos indígenas que constituyen el 2,8 % de la población de Venezuela constituida por los arawacos, wanuikua, kurripaco, piapoco, piaroas entre otros, desplegados entre Amazonas y Bolívar», especificó Fundaredes.
Denuncia de maltrato indígena
Al respecto, aseguró que los derechos de este grupo son «maltratados», en tanto son «sometidos por grupos armados irregulares» que los usan para «prácticas extractivistas» que dañan el ambiente.
«Los hombres de las comunidades indígenas trabajan en las explotaciones de oro, coltán y diamante. Las mujeres también entran a las minas, pero además se les ve preparando y vendiendo comida, limpiando alojamientos o trabajando en redes de prostitución, esclavismo y trabajo infantil por parte de mineros ilegales, así como la presencia de grupos armados irregulares», resaltó la ONG.
De acuerdo con la investigación de la organización, las comunidades indígenas dentro del territorio del arco minero no han sido partícipes de las políticas de minería en su región.
«No se les ha consultado ni dado el derecho al consentimiento libre, previo e informado para los proyectos de minería que afectan a sus territorios, como requiere el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, un acuerdo del que Venezuela forma parte», apuntó.
Además, Fudaredes reiteró que la presencia sin control de «minería ilegal» en el AMO «trae nefastas consecuencias para los ecosistemas y los propios indígenas».
Esta misma semana, Fundaredes denunció la muerte de cuatro indígenas, producto de un «enfrentamiento» que tuvo lugar el pasado domingo entre indígenas yanomamis y funcionarios militares en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, en el sur del país.
Posteriormente, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó que su despacho iniciará la investigación sobre la denuncia de este presunto enfrentamiento, decisión que fue respaldada por el Gobierno de Venezuela, a través del Ministerio para los Pueblos Indígenas.
