En el contexto de la reanudación de las negociaciones políticas las organizaciones de DDHH «hacemos un llamado a que se priorice la Mesa Social que había sido acordada en el proceso de negociación iniciado en México»
Desde el año 2016 «se han cometido graves violaciones al derecho a la alimentación en Venezuela», denunciaron este martes la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y su organización miembro en Venezuela, el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea).
En el contexto de la reanudación de las negociaciones políticas las organizaciones de DDHH «hacemos un llamado a que se priorice la Mesa Social que había sido acordada en el proceso de negociación iniciado en México».
«La pobreza se ha incrementado exponencialmente, llegando a 94,5% de la población en 2021, lo que ha causado que la proporción de hogares que no tienen acceso a la canasta alimentaria básica crezca a mayor velocidad, lo cual supone serias implicaciones puesto que una parte importante de la población tiene grandes dificultades para cubrir las necesidades mínimas de subsistencia. Asimismo, múltiples fuentes han relatado extensamente el sostenido colapso de los servicios públicos, tales como agua, electricidad y gas doméstico, lo que repercute en la alimentación de los venezolanos, y tiene un efecto diferenciado en la población más vulnerable», alerta.
Aunque «las sanciones sectoriales impuestas por Estados Unidos no han sido las causantes de la emergencia humanitaria compleja» sí «han tenido un efecto catalizador que ha empeorado condiciones preexistentes, y en otros, ha producido efectos no intencionales».
Por otra parte, «las políticas públicas del Estado Venezolano basadas en los controles de precio, en medidas de fiscalización y control, incluyendo la criminalización de ciertos productores y comerciantes, así como como la decisión del Estado de preferir el abastecimiento a través de importaciones en detrimento de la producción nacional, han causado un fuerte impacto negativo sobre la producción nacional de alimentos y un aumento de la escasez y la inseguridad alimentaria de todos los hogares del país. Todo ello constituye una violación por parte del Estado Venezolano de respetar el acceso existente a una alimentación adecuada, ya que estas medidas y políticas públicas tomadas en su conjunto han tenido el efecto de dificultar el acceso a alimentos para una gran parte de la población».
El Estado debe «facilitar la acción humanitaria en el país de las organizaciones nacionales e internacionales, abriendo espacios de encuentro y trabajo conjunto para fortalecer el plan de respuesta humanitaria, que debe ampliarse para atender a la población bajo tutela del Estado, especialmente la población penitenciaria. Esto requiere del cese de la criminalización, entre otros obstáculos que limitan la acción inmediata para recuperar a la población vulnerable y prevenir su deterioro».
También debe «trabajar en conjunto con el sector privado y la sociedad civil para favorecer el diálogo y reactivar el sistema alimentario incluyendo políticas que impacten la producción de alimentos, el mercado alimentario y políticas sociales que fortalezcan el poder adquisitivo de la población y favorezcan una alimentación adecuada. Impulsar políticas que promuevan nuevas fuentes de empleo que permitan elevar sustancialmente los salarios, que aseguren a la población contar con ingresos mínimos para la satisfacción de las necesidades alimenticias de los trabajadores y trabajadoras y sus familias».
