«Hemos insistido en que se investigue la cadena de mando, ya que la Dgcim es un organismo militar adscrito al Ministerio de la Defensa, lo que quiere decir que toda acción realizada por subalternos es supervisada por militares superiores, por lo que es imposible pensar que, más allá de los dos condenados, nadie supo lo que ocurrió con este efectivo castrense», subrayó
El teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento Estiben Zárate Soto, ambos funcionarios adscritos a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), fueron condenados a 30 años de prisión por el asesinato del capitán de la Armada Rafael Acosta Arévalo.
La decisión fue tomada por el juez Pablo Vicentelli Puerta, del Tribunal 12 de juicio. En este caso actuaron los fiscales Renny Amundaray y Xavier Urdaneta Gasperi. A los dos militares los condenaron por cometer homicidio calificado con alevosía y torturas.
El abogado de la familia Acosta Arévalo, Alonso Medina Roa, afirmó que lo ocurrido en este caso es justicia a medias, ya que aún falta investigar a la cadena de mando. Se informó que, en el momento de las conclusiones, Medina Roa solicitó que se investigue la cadena de mando y la conducta omisiva de los médicos del Hospital Militar que atendieron al capitán Acosta Arévalo un día antes de su muerte, ya que no prestaron la atención debida.
«La sentencia es un avance, pero no es suficiente. Hemos insistido en que se investigue la cadena de mando, ya que la Dgcim es un organismo militar adscrito al Ministerio de la Defensa, lo que quiere decir que toda acción realizada por subalternos es supervisada por militares superiores, por lo que es imposible pensar que, más allá de los dos condenados, nadie supo lo que ocurrió con este efectivo castrense, y el desenlace que concluyó con su muerte», argumentó.
La Cadena de Mando incluye a las autoridades de la Dgcim, el Ministro de la Defensa y el Presidente de la República.
Acosta Arévalo fue arrestado en Guatire el 21 de junio de 2019, pero no se informó a sus familiares, por lo que estuvo varios días en situación de desaparición forzada. Solo el 26 de junio el entonces Ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, notificó que el oficial se encontraba detenido.
Durante los días de su detención, el capitán y otros detenidos fueron llevados a un sitio boscoso; allí los habrían colgado de árboles, sin ropa, con los ojos vendados fueron golpeados en múltiples oportunidades con palos, bates de béisbol u otros objetos de forma cilíndrica. Además habrían recibido descargar eléctricas en su cuerpo y disparos con armas de fuego muy cerca de sus oídos para que el sonido les afectara la audición.
La Dgcim, dos días después de que admitiera la detención, trasladó a Acosta Arévalo a la Corte Marcial en Fuerte Tiuna para su audiencia de presentación. Los testigos narraron que llegó en silla de ruedas, sin poder hablar, sin sostener los brazos y sin caminar. Su abogado no pudo conversar en privado con el capitán, porque siempre estuvieron custodiados por militares de contrainteligencia. Un juez de control militar ordenó que fuera trasladado inmediatamente al centro asistencia Dr. Vicente Salias conocido como “el hospitalito”, donde el oficial falleció.
Inicialmente, el Ministerio Público imputó a los dos militares por presuntamente haber cometido el delito de homicidio preterintencional concausal, con lo que exculpó a los dos militares de las torturas. Pero en octubre de 2020 el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anuló ese proceso penal y ordenó iniciarlo de nuevo.
En octubre pasado fueron citados al tribunal médicos y forenses. El forense describió las 38 lesiones encontradas en el cuerpo de Acosta Arévalo, que incluyen golpes, descargas eléctricas y fracturas.
Waleska Pérez, esposa del oficial, tuvo que abandonar el país con sus hijos debido a la persecución y el hostigamiento a la que fue sometida por denunciar la desaparición de Acosta Arévalo.
