El alcalde del municipio Independencia (Anzoátegui), Carlos Rafael Vidal Bolívar, “aprovechándose de su cargo, y en complicidad con otras personas, entre las que se encuentran familiares y dueños de estaciones de servicio, manejaban un esquema de delincuencia organizada que funcionaba en dos fases”, aseguró
En las últimas horas se han realizado al menos 180 procedimientos por denuncias sobre desvío o cobro ilegal de combustible y han sido detenidas 58 personas, explicó el fiscal general designado por la constituyente, Tarek William Saab.
Las investigaciones continúan y se practicaron nuevas detenciones, entre ellas la del exalcalde del municipio Pedro María Freites (Anzoátegui), Daniel Haro Méndez. Como parte de las indagaciones se solicitaron 27 órdenes de aprehensión y hasta la fecha se materializaron 17, detalló Saab.
El alcalde del municipio Independencia (Anzoátegui), Carlos Rafael Vidal Bolívar, “aprovechándose de su cargo, y en complicidad con otras personas, entre las que se encuentran familiares y dueños de estaciones de servicio, manejaban un esquema de delincuencia organizada que funcionaba en dos fases”.
La primera ocurría en varias estaciones de servicio, y consistía en el ofrecimiento a los usuarios de un pago único de 10 dólares, con el que se surtían 30 litros de gasolina. A cambio, se utilizaba la huella dactilar del usuario en el sistema biométrico Patria para registrar un consumo de 120 litros. La cantidad restante era desviada y almacenada en centros de acopio ilegales, detalló Saab.
Posterior a ello, el proceso continuaba “cuando el combustible almacenado era contrabandeado para proveer a grupos dedicados a la explotación de la minería ilegal, lo cual se realizaba trasladando el combustible en vehículos de carga pesada”, explicó Saab.
Una vez desviado el hidrocarburo, el alcalde Vidal “a través de un intermediario de nombre Jonatan Martínez, estableció contacto con miembros de la Fiscalía Superior del estado Bolívar, a quienes ofrecía y pagaba la cantidad de 10 mil dólares mensuales, a objeto de evitar ser procesados por estos delitos”.
Las experticias preliminares revelaron la participación del fiscal superior de Bolívar, Manoel Gil; el alcalde Carlos Rafael Vidal Bolívar y el intermediario. Adicionalmente, habría participado el fiscal superior de Delta Amacuro, Jorge Peña; quien se desempeñó previamente como fiscal superior auxiliar del estado Bolívar.
Los aprehendidos fueron imputados ante tribunales por la presunta comisión de terrorismo, contrabando agravado, peculado doloso, corrupción propia agravada y asociación para delinquir.
