Los seis de Citgo fueron condenados a penas de entre nueve y trece años de prisión, y aunque en abril de este año se les permitió cumplir esa condena en arresto domiciliario, en octubre volvieron a ser trasladados a la cárcel
Estados Unidos insistió este domingo 21 de noviembre en pedir la liberación «incondicional» de los seis exdirectivos de la compañía venezolana Citgo encarcelados en Venezuela, cuando se cumple el cuarto aniversario de su detención en el país.
El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, aseguró en un comunicado que este domingo se cumplen cuatro años desde que esos ejecutivos, que poseen doble nacionalidad venezolana y estadounidense, «viajaron a Venezuela y no ses permitió volver».
«Después de ser invitados a Venezuela, agentes de seguridad enmascarado los detuvieron a los seis y los encarcelaron en base a cargos engañosos, sin debido proceso ni acceso a un juicio justo», afirmó Price.
«Ahora que se acerca un cuarto día de Acción de Gracias (desde entonces), seguimos buscando su regreso incondicional y la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero de forma injusta», agregó.
Los detenidos son José Pereira, Tomeu Vadell Recalde, Jorge Luis Toledo Kohury, Gustavo Adolfo Cárdenas Cardona, José Zambrano y Alirio Zambrano.
En 2017, Venezuela les acusó de haber firmado contratos que «comprometían el patrimonio nacional y el futuro» de Citgo, que es una filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA, «sin contar con el beneplácito del Ejecutivo Nacional».
El año pasado, los seis fueron condenados a penas de entre nueve y trece años de prisión, y aunque en abril de este año se les permitió cumplir esa condena en arresto domiciliario, en octubre volvieron a ser trasladados a la cárcel.
«A las autoridades venezolanas que les han encarcelado, les pedimos que se les permita volver a Estados Unidos para poder reunirse con sus familias», recalcó el portavoz del Departamento de Estado.
El regreso a prisión de los exdirectivos en octubre se produjo, según sus abogados, presuntamente como represalia por la extradición desde Cabo Verde a Miami de Alex Saab, supuesto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro
