Alex Saab habría enviado una carta al juez que lleva su caso en Estados Unidos en la cual se declaró no culpable de los cargos por los cuales se le investigan.
Recientemente, la audiencia de lectura de cargos en contra de Saab fue aplazada para el próximo 15 de noviembre de 2021 luego de que su abogado, Henry Bell, asegurara que no han podido reunirse a causa de la cuarentena obligatoria a la que fue sometido desde su llegada a Estados Unidos tras ser extraditado de Cabo Verde.
No obstante, este lunes 1.° de noviembre se conoció que el fiscal general del sur de la Florida, Juan Antonio González, solicitó ante una corte de Miami no tener en cuenta siete de los ocho cargos de lavado de activos contra Saab.
“Se solicita respetuosamente que las acusaciones sean retiradas”, dijo el fiscal, según señaló la agencia AP. El funcionario judicial indicó que la solicitud fue realizada para “cumplir con las garantías que Estados Unidos hizo a la República de Cabo Verde durante el proceso de extradición”.
De acuerdo con la publicación de la AP, a mediados de 2019 Saab fue acusado de asociación ilícita para lavar dinero junto a su socio Álvaro Pulido, quien está prófugo de la justicia. Adicionalmente, fue acusado de otros siete cargos por “lavado de instrumentos monetarios”. En su solicitud, el fiscal pidió que se mantuviera solo el primer cargo.
Saab llegó a Miami el 16 de octubre, después de su extradición desde la nación africana, a petición de Estados Unidos. Al entrar al país fue puesto en cuarentena como medida preventiva por la pandemia de COVID-19.
Dos días después, compareció por videollamada ante un juez del Distrito Sur de Florida que le notificó los ocho cargos que previamente se le habían imputado.
Saab presentó en las últimas horas al tribunal una renuncia a asistir a esa próxima audiencia en persona o por videoconferencia, aprovechando su derecho.
Según la acusación estadounidense, Saab y su socio Álvaro Pulido transfirieron 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos.
Fiscales del país norteamericano aseguran que ambos firmaron un contrato con el régimen de Venezuela en noviembre de 2011 para construir viviendas para personas de bajos ingresos. Y que se lucraron y pusieron en marcha un esquema de sobornos, aprovechando el tipo de cambio controlado por las autoridades venezolanas.
Información de albertonews.com
