«Todos han sido vulnerados ante la mirada complaciente del defensor del pueblo», refirió
El ex parlamentario abogado defensor de los DDHH y coordinador de la defensa por los derechos civiles, Rafael Narváez manifestó que la violación de los derechos humanos para el Estado «son una política publica en pleno desarrollo».
A su juicio, el Estado debería enfocar sus políticas «en un pueblo con sueldos miserables, jubilados con pensiones que no alcanzan para un cartón de huevos y menos para tratamientos de hipertensión, una crisis sanitaria donde cada día observamos a mujeres pariendo sus hijos prácticamente en la calle por el mal estado del departamento de maternidad en los hospitales, pacientes crónicos sin tratamientos y en especial a niños que siguen falleciendo en el JM de los Ríos, sin que el Estado se conmueva».
Agregó «cuando hacemos un balance de los derechos civiles y políticos nos encontramos con la violación más grave que ha ocurrido en los países de la región, por parte de un Estado encabezados por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de personas, torturas, tratos crueles e inhumanos y degradantes, asesinatos calificados como Crímenes de Lesa Humanidad que siguen, imponen por la subordinación de la justicia a la impunidad generada por el Estado».
El coordinador por los derechos civiles fustigó la inacción del defensor del pueblo, catalogándolo «como el ausente ante el silencio sumiso de las violaciones graves a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, estamos en presencia del mas alto nivel de indefensión de los ciudadanos víctimas de esta política del Estado que ya no encuentra derechos que violar».
Finalmente, el abogado defensor condenó la pretensión del Estado en construir la Ciudad Comunal en el pulmón sagrado «Cerró Ávila «actuando una vez más al margen de la ley y vulnerando el derecho humano ambiental de tercera generación, insisto nuevamente que la única esperanza es la firma del informe preliminar en la CPI para que se inicie la investigación histórica por primera vez en Latinoamérica contra un Estado por Crímenes de Lesa Humanidad».
