El estudio exhorta a los diversos niveles del gobierno a fomentar espacios de encuentro entre la población refugiada y de acogida e implementar campañas de sensibilización «para cambiar las percepciones y estereotipos respecto a la migración venezolana»
Los migrantes y refugiados venezolanos generan un impacto fiscal neto de 139 millones de soles (unos 35 millones de dólares) en Perú, un valor que podría escalar en un 113 % si el país andino impulsara políticas públicas eficientes a favor de la inserción laboral y económica de esta población migrante.
Así lo reveló este jueves el economista David Licheri, durante la presentación del primer estudio elaborado por la Cámara Venezolana Peruana de Empresarios y Ejecutivos (Cavenpe) y la Konrad Adenuaer Stiftung (Kas), que midió el impacto económico real y potencial de la migración venezolana en Perú.
El informe estima que el ingreso fiscal de esta población en el país andino asciende actualmente a 309 millones de soles (unos 77 de millones dólares), dejando un impacto positivo neto de 139 millones.
Sin embargo, alerta de que la contribución potencial de los refugiados venezolanos podría trepar en un 113 % y llegar a un saldo neto fiscal de 296 millones de soles (unos 74 millones de dólares) si Perú «corrigiera» las barreras legales, administrativas y prácticas que entorpecen su inclusión laboral y económica.
Más allá de la urgencia de flexibilizar los procesos de regulación migratoria, Licheri subrayó la necesidad de facilitar la contratación de extranjeros, por lo que instó al Gobierno peruano a evaluar la eliminación de los porcentajes limitativos que restringen su contratación y remuneración.
En esa línea, el estudio también sugiere impulsar programas de financiamiento que potencien los emprendimientos de la población migrante.
Asimismo, a fin de darles mayores garantías para el ejercicio de su profesión en el país de acogida, el informe insta a las autoridades peruanas a reducir los costos para el reconocimiento de títulos profesionales y otorgar más facilidades para el trámite de colegiatura, además de promover programas de inserción laboral.
Licheri mencionó también la importancia de procurar un mayor acceso a servicios sociales y de salud, tras recordar que, a la fecha, apenas un 7 % de los refugiados venezolanos en Perú tiene acceso al Seguro Integral de Salud (SIS).
Finalmente, el estudio exhorta a los diversos niveles del gobierno a fomentar espacios de encuentro entre la población refugiada y de acogida e implementar campañas de sensibilización «para cambiar las percepciones y estereotipos respecto a la migración venezolana».
Licheri recordó que Perú es, después de Colombia, el país que alberga a más migrantes venezolanos del mundo, con más de un millón llegados desde 2016.
Según el estudio, el 40 % de la población refugiada venezolana en el país andino cuenta con educación superior completa y el 90 % es económicamente activa.
«Es una población muy educada y joven, dispuesta a trabajar y buscar oportunidades para ejercer las habilidades que han aprendido anteriormente», dijo el economista.
Licheri destacó, sin embargo, que aproximadamente un 60 % trabaja entre 8 y 12 horas diarias por un sueldo que oscila entre los 600 y los 1.200 soles (150 y 300 dólares), mientras que el sueldo mínimo está fijado en 930 soles (unos 230 dólares).
