«De ser sancionado se creará un vacío institucional que agravará la ya precaria prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento en todo el país, pero especialmente en las comunidades más pobres y para los compatriotas más vulnerables», expresó la organización
El Grupo Orinoco considera que es improcedente el proyecto de Ley Orgánica del Agua aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el pasado 8 de junio de 2021.
Arnoldo José Gabaldón, coordinador del Grupo Orinoco, aseguró que esta norma derogaría la Ley de Aguas promulgada en 2007, y la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento aprobada en 2001 y reformada en 2007, las cuales fueron objeto de discusión y consulta con la sociedad civil e incorporaron buenas prácticas internacionales.
«El proyecto es esencialmente un instrumento concordante con el planteamiento de sociedad comunal y en consecuencia menoscaba el poder municipal y sus competencias en materia de servicio de agua potable y saneamiento, tal como lo contempla la Constitución y la Ley Orgánica del Régimen Municipal», opinó.
Gabaldón estimó que, de ser sancionado este proyecto, se creará un vacío institucional que agravará la ya precaria prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento en todo el país, pero especialmente en las comunidades más pobres y vulnerables. «El Grupo Orinoco considera que para mejorar los servicios de agua potable en este momento debe apoyarse financieramente a las empresas operadoras, las cuales deben rendir cuenta pública y verificable de los volúmenes de agua sanitariamente segura entregada en cada centro poblado del país», agregó.U
«El Grupo Orinoco considera que lo procedente en estas circunstancias es el desarrollo de los instrumentos legales que faculten la provisión de los recursos financieros necesarios para recuperar la capacidad operativa de las empresas de prestación de servicios de agua potable y saneamiento», concluyó.
Este es el comunicado:
El Grupo Orinoco considera pertinente hacer del conocimiento ciudadano, el carácter improcedente del proyecto de Ley Orgánica del Agua aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el 8 de junio de 2021. Los argumentos que dan soporte a esta disensión son los siguientes:
1. De ser aprobado en Plenaria, este proyecto de Ley conduciría a derogar la Ley de Aguas, promulgada en 2007 y la Ley Orgánica para la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento aprobada en 2001 y reformada en 2007, las cuales fueron objeto de discusión y consulta con la Sociedad Civil e incorporaron buenas prácticas internacionales.
2. El proyecto es esencialmente un instrumento concordante con el planteamiento de sociedad comunal y en consecuencia menoscaba el poder municipal y sus competencias en materia de servicio de agua potable y saneamiento, tal como lo contempla la Constitución y la Ley Orgánica del Régimen Municipal.
3. Después de analizar cuidadosamente el proyecto de Ley, se concluye que de ser sancionado se creará un vacío institucional que agravará la ya precaria prestación de los servicios de agua potable y de saneamiento en todo el país, pero especialmente en las comunidades más pobres y para los compatriotas más vulnerables.
4. El Grupo Orinoco considera que para mejorar los servicios de agua potable en este momento debe apoyarse financieramente a las empresas operadoras, las cuales deben rendir cuenta pública y verificable de los volúmenes de agua sanitariamente segura entregada en cada centro poblado del país.
5. El Grupo Orinoco ha publicado una Hoja de Ruta para recuperar los servicios de Agua Potable y Saneamiento en Venezuela. En este documento se estiman:
• Los medios físicos e institucionales para garantizar la entrega de una cantidad de agua sanitariamente segura, lo que incluye: recursos para reponer y reparar equipos, la compra inmediata de repuestos y materiales, el equipamiento urgente de laboratorios para controlar la calidad del agua, y la adquisición de equipos, vehículos y herramientas para mantenimiento.
• Los recursos para proyectos que lleven a restaurar la capacidad operativa de las grandes infraestructuras de captación, almacenamiento, transporte y tratamiento de agua potable; así como proyectos para proteger las cuencas hidrográficas y acuíferos prioritarios del país.
6. El Grupo Orinoco considera que lo procedente en estas circunstancias es el desarrollo de los instrumentos legales que faculte la provisión de los recursos financieros necesarios para recuperar la capacidad operativa de las empresas de prestación de servicios de agua potable y saneamiento.
