Esta política del Gobierno se enmarca en una ley que contempla la expulsión de aquellos migrantes sobre los que pesan causas judiciales, para que cumplan la pena en su país, y también la de quienes ingresaron clandestinamente al país
El Gobierno de Chile «debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos» que realiza en el marco de una ley de migración «y asegurar que todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos», señaló este miércoles Human Rights Watch (HRW).
A través de un documento, la organización señaló una serie de graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados, tales como impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y separación de familias, entre otros.
Luego de examinar 21 sentencias judiciales y más de 250 órdenes de deportación, el organismo internacional identificó también «violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas» antes de que se concrete la expulsión.
«Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional», afirmó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, según el documento.
En la misma línea, Vivanco apuntó que resulta «contradictorio» que el Gobierno encabezado por Sebastián Piñera «condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro».
Se estima en que Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente al 7 % de la población- y a la fecha la comunidad venezolana es la más numerosa, con 457.000 personas.
HRW señaló que el Ejecutivo chileno anunció la expulsión de 1.500 personas a lo largo de 2021 en 15 vuelos chárter y que, según el Servicio Jesuita Migrante (SJM), para abril de este año había deportado a 294 personas, en la mayoría de los casos «sin control judicial» y afectando principalmente a venezolanos.
Esta política del Gobierno se enmarca en una ley que contempla la expulsión de aquellos migrantes sobre los que pesan causas judiciales, para que cumplan la pena en su país, y también la de quienes ingresaron clandestinamente al país y se encuentran en una situación administrativa irregular.
