La defensora de derechos humanos señaló al gobierno de Nicolás Maduro como los responsables del actual colapso, retraso y situación de cárceles en el país
Este martes la diputada electa en 2015, dirigente de oposición y defensora de derechos humanos, Támara Adrián afirmó que en la situación actual del sistema penitenciario y carcelaria de Venezuela los profesionales de los organismos de cárceles «han sido destituidos por los pranes».
“Se ha hablado durante muchos años de la reforma del sistema carcelario… se llevó a cabo la reforma del COPP para obstaculizar la participación de la sociedad civil organizada como coadyuvante en los sistemas de administración de justicia y la realidad es que esos profesionales del sistema penitenciario han sido sustituidos por pranes”, expresó Adrián.
En ese sentido, la defensora señaló al gobierno de Nicolás Maduro como los responsables del actual colapso, retraso y situación de cárceles en el país afirma que «los signos de ese colapso fueron bastante tempranos», destacando la la competencia penal y civil, «para dejar de lado temas como la justicia constitucional y político-administrativo que se convirtieron en mecanismos para que el particular nunca pudiese obtener justicia».
“Hay que despolitizar todo lo que tiene que ver con el sistema judicial. Pensar que dos operadores políticos del régimen de larga data, pudiesen tener al menos una idea de lo que se necesitaría para lograr la independencia del poder judicial, es una utopía que podría resultar si no fuese tan trágica», afirmó.
Además de eso indicó que la utilización indebida de privación de libertad, son manifestaciones «de un cáncer que no puede ser curado por medidas cosméticas»
“Si fuésemos serios en estos temas, tendríamos que entender que es una labor titánica la de reconstruir a partir de las cenizas de lo que queda del sistema de justicia”, sentenció.
Justo el pasado 22 de junio, Nicolás Maduro anunció la creación de una comisión, presidida por Diosdado Cabello, para hacer una «revolución judicial» en 60 días.
«Anuncio la creación de una comisión especial para la conducción de la revolución judicial en todo el sistema de justicia venezolano presidida por el compañero Diosdado Cabello Rondón», indicó Maduro al encabezar un Consejo de Estado.
Como vicepresidenta de la comisión nombró a su esposa, la también diputada Cilia Flores, y como secretaria ejecutiva a la magistrada Lourdes Suárez Anderson.
Cabello aseguró en la instalación de la comisión, el viernes 25 de junio, que el sistema de justicia venezolano se convertirá en un «modelo para el país y para el mundo».
Esta sería una petición que Nicolás Maduro pidió, originalmente, a la Asamblea Nacional Nacional Constituyente (ANC) el pasado 31 de enero de 2020 en lo que llamó una «reforma profunda en el Poder Judicial en Venezuela».
“Voy a proponer a la Asamblea Nacional Constituyente que asuma y nombre una alta comisión para hacer una reforma profunda del Poder Judicial venezolano y llevar un cambio en todas las estructuras del Poder Judicial”, dijo en ese momento.
