Cerrón, cuyos planteamientos son de extrema izquierda, también ha sido denunciado como el auténtico «poder en la sombra» detrás de Castillo y para muchos en la filas fujimoristas y otros grupos de derecha sería el responsable de dictar las políticas del candidato
Un tribunal peruano revocó este lunes, la resolución judicial que había dejado sin efecto dos condenas por corrupción dictadas contra el exgobernador regional Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, del virtual presidente electo de Perú, Pedro Castillo.
La Segunda Sala de Apelación de la región sureña de Huancavelica rechazó así la decisión del juez Alain Salas, del Juzgado de Investigación Preparatoria con sede en Acobamba, de anular las sentencias de primera y segunda instancia que determinaron una condena de 4 años de prisión suspendida (sin ingresar a la cárcel) contra Cerrón.
Con este fallo, el tribunal declaró fundados los recursos de apelación que presentó la Procuraduría del Poder Judicial y volvió a dar vigencia a las sentencias contra el dirigente de Perú Libre, que incluían su inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La resolución del juez Salas en favor de Cerrón se difundió el pasado 9 de junio, bajo el argumento de una supuesta vulneración del derecho a la motivación de las sentencias judiciales sobre el caso.
Así justificó el letrado la nulidad de la condena que pesaba, en primera y segunda instancia, sobre el exgobernador de la región centro andina de Junín por el delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento del cargo.
Tras conocerse esta decisión, la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) inició una investigación preliminar contra Salas, con el objetivo de recabar toda la información sobre el caso y, de encontrar irregularidades, abrir un proceso disciplinario contra el magistrado.
Mientras seguían las pesquisas, la OCMA ordenó la semana pasada la «suspensión preventiva» del juez como medida cautelar ante los «fundados y suficientes elementos de convicción» sobre su presunta responsabilidad disciplinaria.
En concreto, ese órgano del Poder Judicial sostuvo que el magistrado de Huancavelica desvirtuó sus competencias como juez constitucional y asumió funciones como juez ordinario para, de esa manera, dar mérito a pruebas del proceso penal contra Cerrón
