«Desde 2015 comenzaron a ser cada vez más frecuentes las denuncias de violación a los derechos humanos cuyas víctimas eran sectores de izquierda o protagonistas de luchas populares que, en el pasado cercano, habían recibido apoyo del chavismo y del Estado o se asumían a sí mismos como parte de la Revolución Bolivariana», subraya la investigación de Surgentes
El colectivo Surgentes presentó una investigación sobre las violaciones a los derechos humanos entre 2015 y 2020, bajo la administración de Nicolás Maduro, en la cual se advierte sobre la persecución contra dirigentes populares y sociales.
El informe «Giro a la derecha y represión a la izquierda. Violaciones a los derechos humanos en el campo popular venezolano (2015-2020)», advierte acerca de la doble invisibilización de estas víctimas, porque no son escuchadas por el Estado y sus casos tampoco son expuestos por las ONG.
«Las principales víctimas de la represión de carácter claramente político en Venezuela, desde 2013 en adelante, venían siendo sectores liberales y de derecha que hacen parte de la oposición política. Sus casos han sido ampliamente documentados por las organizaciones no gubernamentales (ONG) de oposición y por instancias internacionales de derechos humanos», refiere el documento. «No obstante, de manera clara, desde 2015 comenzaron a ser cada vez más frecuentes las denuncias de violación a los derechos humanos cuyas víctimas eran sectores de izquierda o protagonistas de luchas populares que, en el pasado cercano, habían recibido apoyo del chavismo y del Estado o se asumían a sí mismos como parte de la Revolución Bolivariana. Estos casos son, por supuesto, invisibilizados desde las instituciones estatales, y no cuentan tampoco con la visibilidad que otorga el entramado de medios, ONG, instancias internacionales y Gobiernos liberales o de derecha, aliados de la oposición política venezolana».
Tal como lo reflejan «el aumento de la represión a sectores del campo popular es también un indicador de los cambios ocurridos en el país y en la alianza de Gobierno, tras la muerte del presidente Chávez y el inicio de un nuevo ciclo político».
La «elite dirigente desaplicó varios de los principales pilares de lo que venía siendo el chavismo y adoptó posiciones pragmáticas orientadas a preservar el poder político. Clausuró espacios democráticos, tanto de la institucionalidad estatal como de las formas comunitarias y comunales de expresión del Poder Popular; redujo progresivamente el discurso sobre la transición socialista y disminuyó las líneas de acción que reivindicaban lo público (estatal y comunal) a favor de la búsqueda de alianzas con el capital».
