A través de un comunicado, exigieron justicia sobre las cinco víctimas que fueron llevadas con vida y aparecieron muertos en El Ripial – La Victoria, estado Apure
El pasado martes 25 de mayo se cumplieron dos meses de la ejecución extrajudicial – por parte de la Fuerza Armada Nacional (FAN) y la Fuerza de Acciones Especiales (F.A.ES) contra cinco venezolanos del barrio 5 de julio, La Victoria, estado Apure y a quienes señalaron de «guerrilleros», denunciaron representantes de las ONG Fundaredes, Fundación Amparo y Provea.
A través de un comunicado, detallan que «Varios testigos, tanto vecinos como familiares, aseguran que se trató de un falso positivo en el cual se asesinó a personas inocentes para aparentar eficiencia en el conflicto armado contra grupos armados irregulares».
Las víctimas fueron identificadas como: Luz Dey Remolina; Emilio Ramírez; Ehiner Yafran Anzola Villamizar; Jeferson Uriel Ramírez y Julio Cesar Jiménez. De acuerdo con las ONG, los primeros cuatro integran un núcleo familiar y el ultimo se dedicaba al oficio de panadería, conforme a los relatos de su madre, quien hasta la presente fecha no le han permitido el acta de defunción de su hijo.
«Esta masacre se asemeja a la de El Amparo, registrada el 29 de octubre de 1988 cuando 14 pescadores fueron asesinados con el mismo propósito de aparentar una acción militar exitosa contra la subversión», refieren en el texto también compartido en Twitter.
Las organizaciones exigen que Tarek William Saab cumpla con sus anuncios de “investigación pertinente” e informe al país sobre los resultados y dé los pasos necesarios para que esas violaciones a los derechos humanos no queden impunes.
Agregan que, a la fecha, no hay ninguna información pública sobre el resultado del trabajo de la comisión del Ministerio Público para investigar los sucedido en La Victoria – El Ripial. «Este silencio absoluto que genera dudas sobre la voluntad de investigar las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en Apure. Seguiremos documentando y trabajando para que los responsables rindan cuentas por sus actos y las víctimas de abusos y familiares de las personas asesinadas logren justicia».
