Los involucrados figuran en el delito de trato cruel y violencia sexual contra un joven detenido de forma arbitraria, durante las protestas antigubernamentales , registradas en 2017
El Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, condenó a ocho ex funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana de la entidad, por los delitos de violación y trato cruel contra un joven detenido de forma arbitraria, en el contexto de las manifestaciones antigubernamentales registradas en 2017.
La decisión fue emitida este martes 11 de mayo. El tribunal les dictó una condena de 24 años y tres meses, juicio que concluyó luego de más de tres años de espera, por múltiples audiencias diferidas.
En una nota de prensa, la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia (Codhez), refirió que en 2018, la audiencia preliminar fue diferida seis veces, y en 2019 se contabilizó una docena de diferimientos.
Para el año 2020 persistió el retardo procesal, agravado por el contexto de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, en diciembre, se ordenó la continuación del juicio para enero de 2021.
Fueron acusados 10 oficiales adscritos a la PNB, 8 de los cuales están detenidos y 2 evadidos con órdenes de captura: Alvis Labarca, Joxi Quiroz, Kendry Osorio, Paúl Bautista, Rolando Baleta, Carlos Contreras y Manuel Chacón; y en condición de arresto domiciliario estará Lizusjey Niebles, medida que se otorgó tras haber dado a luz en los recientes meses.
Por su parte, Michael González y Leonardo López se encuentran evadidos, y pesa sobre ellos una orden de captura por parte de la Interpol, precisó Codhez.
Los hechos
Fue el 20 de julio de 2017, cuando el joven fue detenido en la sede de Corpoelec, situada en el sector El Amparo, Maracaibo, estado Zulia.
“En este caso se configuraron una serie de hechos que vulneraron derechos fundamentales de la víctima, tales como la detención arbitraria, en perjuicio de sus derechos a la libertad personal y a la protesta pacífica, y el derecho a ser presentado ante el juez natural y debido proceso, puesto que la víctima fue presentada ante tribunales militares contraviniendo lo dispuesto en la Constitución venezolana”, indica Codhez y señala además que durante la detención arbitraria, “El joven fue torturado con violencia sexual” .
El caso fue documentado en el primer informe emitido por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, en septiembre de 2020, recogido como parte de los hechos que confirman un patrón de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, infligidos a las personas detenidas en el marco de protestas antigubernamentales de 2017, y que se remontan al ciclo de manifestaciones de 2014.
«Estas y otras circunstancias del caso constituyen, a su vez, un patrón de persecución y criminalización en contra de las personas disidentes al régimen político actual, ejecutado y materializado por funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado venezolano», se lee en el documento realizado por Codhez.
Además resaltó que este hecho no es suficiente para reparar el daño causado a la víctima. Sin embargo, la organización de derechos humanos saluda que los tribunales nacionales impartan justicia a agentes del Estado responsables de graves violaciones a los derechos humanos.
«Esperamos que este caso siente un precedente para detener la impunidad reinante en el sistema judicial venezolano en relación con los casos de violaciones de derechos humanos, que involucran la actuación de funcionarios de seguridad nacional, tanto de fuerzas policiales como militares», señaló Codhez.
La organización también reiteró que es obligación del Estado venezolano avanzar en procesos de reparación de los derechos de la víctima y de sus familiares, así como ofrecer garantías de no repetición, y atender su responsabilidad de investigar, sancionar y prevenir los casos de violaciones de derechos humanos que siguen siendo numerosos en el país y continúan en la impunidad.
