Delsa Solórzano aseguró este lunes que la Fiscalía está «pretendiendo eludir la competencia» de la Corte Penal Internacional (CPI) al ordenar ampliar las investigaciones de los homicidios a estas tres víctimas
Este martes, el diputado electo en 2015, Williams Dávila Barrios, cuestionó, al Fiscal General, Tarek William Saab, que intente «minimizar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de Nicolás Maduro contra Fernando Albán, el capitán Acosta Arévalo y Juan Pablo Pernalete».
“Estamos frente a un caso de cinismo psicopático (…) El fiscal usurpador cree que el mundo se va a comer el cuento que hubo homicidio culposo. Pretende minimizar estos crímenes para disminuir sus responsabilidades ante la Corte Penal Internacional (CPI)”, adelantó el legislador.
Por su parte, Delsa Solórzano aseguró este lunes que la Fiscalía está «pretendiendo eludir la competencia» de la Corte Penal Internacional (CPI) al ordenar ampliar las investigaciones de los homicidios a estas tres víctimas.
En una rueda de prensa del sector opositor que encabeza Juan Guaidó, la exdiputada Delsa Solórzano dijo, en respuesta a una declaración del fiscal general, Tarek William Saab, del pasado sábado, que la Justicia venezolana, a la que considera cercana al presidente Nicolás Maduro, solo buscar eludir a la CPI.
«¿Por qué hemos visto que el señor que representa al régimen, el abogado del régimen, Tarek William Saab emitir las declaraciones (sobre Albán, Pernalete y Acosta Arévalo)? Por una sola razón, no es porque se arrepintieron, no es porque quieren que se haga justicia, están pretendiendo eludir la competencia de la CPI», dijo.
Este sábado, Saab sumó los delitos de «homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga» al de «quebrantamiento de normas de custodia» a los dos funcionarios implicados en la muerte del concejal Albán, quien falleció en prisión en 2018, al caer de un décimo piso.
El fiscal explicó que su despacho solicitó a un tribunal la nulidad de la primera acusación -delito de quebrantamiento de normas de custodia- por «observar violaciones de garantías constitucionales» y que dicha anulación fue acordada, aunque se reactivó en una posterior solicitud del Ministerio Público.
«La causa se retrotrajo hasta la fase de investigación» y, posteriormente, la Fiscalía «solicitó orden de aprehensión contra los dos funcionarios implicados en estos hechos (…) por los delitos de homicidio culposo, quebrantamiento de normas de custodia, agavillamiento y favorecimiento de fuga del detenido», dijo.
