«Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica», dijo la portavoz
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el «uso excesivo de la fuerza» en Colombia contra las manifestaciones contrarias a una reforma fiscal, que ha dejado al menos 19 muertos.
«Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Cali (suroeste) en Colombia la pasada noche, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida», declaró en Ginebra Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Hurtado lanzó además un llamado a la calma antes de una nueva jornada de manifestaciones, prevista para el miércoles.
«Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali», dijo Hurtado.
La portavoz agregó que los «defensores de derechos humanos también informaron que han sido acosados y amenazados».
Según el Defensor del Pueblo de Colombia (Ombudsman), Carlos Camargo, en la noche del lunes un funcionario de la entidad, junto a uno de la Procuraduría -encargada de indagar irregularidades de funcionarios- y tres defensores de derechos humanos, fueron atacados por la fuerza pública mientras asistían a detenidos en Cali.
Los cinco «fueron objeto de amenazas por parte de agentes de la policía nacional quienes dispararon en repetidas ocasiones al aire y al piso, tiraron granadas aturdidoras, los maltrataron verbalmente y les exigieron retirarse del lugar», precisó.
Hurtado, en tanto, hizo «un llamado a la calma (…) Dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta».
«Recordamos a las autoridades del Estado su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a la seguridad personal, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica», agregó la portavoz.
«Resaltamos también que los agentes encargados de hacer cumplir la ley deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones», dijo.
Hurtado concluyó que «las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves».
En total, 18 civiles y un policía murieron desde el inicio de las protestas contra la reforma fiscal el 28 de abril, según un balance divulgado el lunes por la Defensoría del Pueblo (ombudsman).
Por su parte, el Ministerio de Defensa informó de 846 heridos, de los cuales 306 civiles.
