Los familiares critican el hecho de que después de dos años y medio de la muerte del concejal que, sostienen, fue «asesinado», el fiscal general, Tarek William Saab, informe que sumó los delitos de «homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga» al de «quebrantamiento de normas de custodia» a los dos funcionarios implicados en el hecho
La familia y la defensa del fallecido concejal opositor venezolano Fernando Albán, quien murió en prisión en 2018, dijo que la Fiscalía de su país busca engañar a la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que informara sobre la imputación de nuevos delitos a los implicados en la muerte del edil.
En un comunicado, los allegados y abogados de Albán señalaron que esta «nueva información» tiene «la única intención de confundir a la opinión pública y pretender engañar a la Corte Penal Internacional, haciendo creer que se está averiguando y enjuiciando los crímenes cometidos contra Fernando Albán».
Los familiares critican el hecho de que después de dos años y medio de la muerte del concejal que, sostienen, fue «asesinado», el fiscal general, Tarek William Saab, informe que sumó los delitos de «homicidio culposo, agavillamiento y favorecimiento de fuga» al de «quebrantamiento de normas de custodia» a los dos funcionarios implicados en el hecho, Miguel Dos Santos y Keyberth Cirelli.
El fiscal informó sobre estos nuevos delitos minutos antes de anunciar que había enviado un tercer informe a la CPI, para colaborar con el examen preliminar que la corte realiza a Venezuela tras denuncias de crímenes de lesa humanidad.
La familia de Albán, que considera a Saab «cómplice y encubridor de los delitos de detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial» del concejal, dijo que no se han «verificado investigaciones contra la cadena de mando».
Señalan como miembros de esa cadena al director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Gustavo González López, al exministro de Interior, Néstor Reverol, y la juez Carol Padilla.
Por su parte, el partido Primero Justicia (PJ) en el que militaba Albán expresó que la declaración de Saab «confirma» que el concejal fue «torturado» y «asesinado» en el Sebin.
Asimismo, la diputada electa en 2015, Delsa Solórzano, que denunció el caso ante la ONU, dijo en Twitter que el fiscal busca «evitar» que el gobierno de Nicolás Maduro sea juzgado ante la CPI e instó a la corte a «abrir definitivamente la próxima etapa procesal».
El caso del concejal Albán es polémico en Venezuela, porque el Gobierno afirma que el opositor «se suicidó», una versión que también fue ofrecida en primera instancia por la Fiscalía, al señalar que se lanzó del décimo piso del Sebin.
Sin embargo, sus familiares y la oposición venezolana aseguraron que el concejal fue «asesinado».
