El director de Fundaredes denunció que han observado que, durante los enfrentamientos, ha habido allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes
La ONG venezolana Funderedes pidió este jueves a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que envíe una misión especial al estado Apure, fronterizo con Colombia, donde, desde hace un mes, los militares combaten con un grupo armado identificado por varias asociaciones como disidente de las FARC.
La petición de la organización, según explican en un comunicado, tiene como fin que esa misión trabaje para «superar la opacidad informativa en la zona y dar respuesta a las decenas de víctimas de violación de derechos humanos».
Fundaredes también exigió a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía venezolana que «se garantice justicia y que no haya impunidad frente a estos hechos», agrega el comunicado.
La asociación, que ha difundido numerosos datos acerca de los combates que comenzaron el pasado 21 de marzo, ante la escasez de información del Gobierno y las Fuerzas Armadas, presentó un informe especial al cumplirse un mes del conflicto armado.
En él, explicaron que han encontrado evidencias de «múltiples vulneraciones» a la población de esa zona.
El director de Fundaredes, Javier Tarazona, detalló que en este mes «se ha vivido una situación de conflicto interno armado en Apure, con proporciones de daños que llevan a alzar la voz y a alertar a los organismos internacionales de pronósticos de un posible recrudecimiento de la situación».
Explicó que los disidentes de las FARC «buscan controlar espacios fronterizos para el narcotráfico».
Tarazona también denunció que han observado que, durante los enfrentamientos, ha habido allanamientos ilegales, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desplazamiento de comunidades indígenas y desplazamiento forzado.
También han observado la siembra de minas antipersona, así como amenazas y hostigamientos a defensores de derechos humanos y periodistas.
Finalmente, destacó que el conflicto que se desarrolla en el estado Apure «pudiera extenderse y tener consecuencias fatales también» en las regiones del Amazonas y Zulia, también fronterizas con Colombia, debido a que «son lugares de fricción por las disputas que tienen los grupos armados irregulares por el desarrollo de operaciones ilegales».
