Víctor Álvarez: La Ley Antibloqueo carece de transparencia y parece una privatización camuflada

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El exministro de Chávez llama la atención sobre quién gana y quién pierde con la reciente Ley aprobaba por la Asamblea Nacional Constituyente

Dudas son las que abundan al examinar la Ley Antibloqueo y para el economista Víctor Álvarez «queda muy claro que se busca modificar el marco legal para otorgar mayor participación del capital privado en las empresas mixtas que explotan el petróleo, gas, oro, diamantes, coltán y demás minerales estratégicos».

Asimismo, prevé que esta participación estaría vinculada también con la gestión de los servicios públicos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos.

Álvarez indica que si bien resulta necesario «aliviar al Estado de la exagerada carga de empresas deficitarias que fueron expropiadas y terminaron quebradas por el burocratismo y la corrupción», alo cual se pregunta: «¿Quiénes ganan y quiénes pierden en un proceso de privatización apresurado y poco transparente?».

Alerta que se pudiera estar avanzado hacia un proceso de privatización «a la rusa» en la que «los jerarcas del Partido Comunista de la antigua Unión Soviética y la de la KGB -amparados en los secretos de Estado y aprovechando el acceso privilegiado a la información considerada reservada y confidencial-, corrieron con ventaja frente a los verdaderos inversionistas y lograron apropiarse a precios viles de importantes activos de la potencia que hacia contrapeso a los Estados Unidos».

Llama la atención que sobre lo establecido en la Ley cuando esta señala que «los ingresos adicionales que se generen por la aplicación de esta Ley se registrarán separadamente dentro de las disponibilidades del tesoro nacional”.

Asegura que con este artículo, el manejo de los ingresos se hará fuera del Presupuesto Nacional «con lo cual no estarán sometidos al control de la Asamblea Nacional».

Advierte que esta Ley se coloca por encima de la Constitución y «le otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo en el manejo de los activos del Estado».

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