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domingo, 19 mayo, 2024
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Justicia española señala que no hay legitimidad para solicitar extradición de Franchini

Contrapunto | Vía: EFE

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Un comunicado indica que «actualmente quienes ostentan los poderes públicos han protagonizado no pocas actuaciones de represión y persecución contra miembros de la oposición venezolana, a veces con utilización del proceso penal como instrumento»

La Justicia española considera carentes de legitimidad al fiscal general de Venezuela, Tarek Willians Saab, y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) , Maikel José Moreno, para reclamar la extradición de un venezolano al que acusan de haber quemado vivo a un joven durante una oleada de protestas antigubernamentales en 2017.

La Audiencia Nacional española denegó el pasado 17 de septiembre la extradición del reclamado, Enzo Franchini, ante la posibilidad de que el proceso contra él fuese utilizado para vulnerar sus derechos fundamentales.

Previamente, en junio, el tribunal español había aceptado la entrega en contra del criterio de la Fiscalía y la defensa de Franchini, ejercida por el abogado Ismael Oliver, por lo que recurrieron.

La petición de extradición de Venezuela fue refrendada por Saab y Moreno, y ahora, en esta nueva resolución, a la que tuvo acceso Efe, la Audiencia Nacional española entiende que sólo esa circunstancia invalida la petición de entrega.

«Ellos han firmado documentos esenciales en el procedimiento de extradición, circunstancia que no es posible obviar teniendo en cuenta informes de organismos internacionales que cuestionan la legitimidad de los cargos que ostentan», señala el texto judicial.

Los magistrados firmantes se basan concretamente en un comunicado de la OEA (Organización de Estados Americanos) de 2018, llamando a desconocer solicitudes de extradición por parte del considerado «ilegítimo TSJ».

A esto suman que la Unión Europea, «no ha reconocido a la Asamblea Constituyente, como tampoco lo ha hecho España». Aseguran que «al ser esto así, y siendo aquella la que les nombró para los cargos de Presidente del Tribunal Supremo y de Fiscal General, queda en entredicho su legitimidad de actuación, y, en consecuencia, carente de eficacia su petición de extradición».

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