Quedó designada la Fiscalía 67ª Nacional para investigar las denuncias y a todos los involucrados en el caso
El fiscal general de la República, Tarek William Saab informó sobre la apertura de una investigación contra involucrados en una «red criminal» que pretendía «robar activos de Venezuela en el Caribe».
En la denuncia se conoció que el Consorcio Caribbean Recovery Assets (CRA), conformado por las empresas Lock in Capital y Global Risk Management, cuyos directores son los ciudadanos Jorge Reyes y Pedro Antar, presentaron en 2019 «al diputado en desacato de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, quien pretende usurpar funciones como Presidente de la República, una propuesta para apropiarse de manera ilegal de una cantidad importante de activos», dijo Saab.
Informó que, además de cuentas por cobrar y demás bienes propiedad del país que se encuentran distribuidos en 19 países que forman parte de la alianza Petrocaribe, «estos pseudoempresarios habrían solicitado como contraprestación por sus servicios, el derecho de apropiarse del 18% de todo lo que pudiera ser despojado al Estado venezolano».
Agregó que en las negociaciones «los representantes de Guaidó solicitaron un pago por $ 750.000, para la adjudicación del mencionado contrato».
Detalló que los encargados de adelantar dichas negociaciones por instrucciones del diputado Guaidó, y que se encuentran investigados por este caso son «Fernando Javier Blasi-Blanchard, Director de Asuntos Comerciales de la írrita e ilegal Embajada de Venezuela en Estados Unidos (EEUU), Javier Leonardo Troconis, Comisionado Presidencial para la Gestión y Recuperación de Activos, nombrado ilegalmente por Guaidó, José Ignacio Hernández González, exprocurador nombrado ilegalmente por Guaidó; Luis Augusto Pacheco Rodríguez, presidente de una ficticia Junta Directiva Ad Hoc de Petróleos de Venezuela nombrado ilegalmente por Guaidó».
También están involucrados en esta red, Jorge Reyes y Pedro Antar, representantes de las empresas Lock In Capital y Global Risk Management, sobre ambos pesan acusaciones de actividades ilícitas en los EEUU y otros países. Uno fue sancionado por fraude a inversores y el otro aparece vinculado con una investigación por lavado de activos, dijo el Fiscal.
